Sindicalistas repudiaron la protección del gobierno a funcionarios acusados de abuso y violencia

Se suman más críticas a la gestión de Gerardo Morales en lo que respecto al velo de impunidad que hay sobre funcionarios acusados de abuso sexual y violencia laboral, y esta vez, fue desde la agrupación ATE Verde y Blanca, la que manifestó su repudio.

Desde ese sector gremial, se hizo público un comunicado donde sostienen que “la gestión del gobernador Gerardo Morales, se caracterizó desde su asunción, por un manejo autoritario, déspota y violento. El accionar de varios de sus ministros y funcionarios, no difiere demasiado a esta modalidad”.

Sobre esos casos, señalaron “la denuncia por abuso sexual del ¿ex? Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz y de Néstor Navarro, además de las denuncias por violencia laboral del Dr. Sergio Lello, entre otros, es una clara muestra del desfasaje entre el discurso del gobernador, aparentemente interesado en la erradicación de la violencia de género y la inacción ante los hechos denunciados”.

Asimismo, destacaron sobre la pasividad del gobierno provincial, frente a estos hechos e indicaron “Cabana se encontraría con pedido de licencia, al igual que Navarro, que pasaría a la Cámara de Diputados de la Nación y el Dr. Lello, que se mantiene en su puesto”.

“El abuso sexual, maltrato, humillaciones, amenazas, persecución, acoso, hostigamiento, etc.; son distintas formas de violencia, ejercidas en el poder” subrayaron en el documento.

A modo de ejemplificar, la agrupación sindical destaca que el Ministerio de Trabajo de la Nación considera violencia laboral a “toda acción, omisión o comportamiento, destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo”.

Teniendo en cuenta esta definición, exigen “que los funcionarios denunciados, presenten su renuncia o se les exija la misma, para dejar sus cargos, no para ser trasladados a otros lugares o premiados”.

Por último, destacan que en todas las instancias “deben participar, acompañar y contener a las denunciantes”, además de que las autoridades “actúen”. Por ello, indicaron que “es estado, a través del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género, junto al Gobernador” deberán intervenir, y terminar la “complicidad con funcionarios abusadores y violentos”.