Causas contravencionales, pero también penales por el supuesto ataque contra las instalaciones de la Legislatura cuando Gerardo Morales juraba la nueva Constitución provincial reformada y que con el correr de los meses se van cayendo: en audiencia el juez Rodolfo Fernández ordenó el sobreseimiento de 41 manifestantes.
Fue mediante zoom que los acusados y acusadas recibieron la buena noticia, por lo que el proceso iniciado en julio de 2023 -con una marcada celeridad, no así las denuncias contra el accionar policial que provocó decenas de heridos, incluso con pérdida de uno de sus ojos- y que se señalaba como autores de los destrozos en la Legislatura.
Así, poco a poco las causas que se iniciaron por los cambios en la Carta Magna jujeña se van cayendo.
Fue a mediados de julio cuando el fiscal del MPA Diego Funes (fiscal de la causa) junto a su par Walter Rondón iniciaban una investigación por daños, lesiones agravadas e impedimento funcional del transporte. Por aquel entonces, los fiscales señalaban que ya había identificadas más de 40 personas por las manifestaciones del 20 de junio en las inmediaciones de la Legislatura y del 30 en Humahuaca. Las pruebas era el análisis de fotos públicas, cámaras de seguridad, de medios y hasta redes sociales.
Tal como ocurrió con otros procesos, también enmarcados por las protestas en contra de la reforma (in)constitucional, las pruebas fílmicas no sirvieron para sentenciar a los acusados y acusadas. Así, ocurrió con el dirigente de la OLA, Alí Peralta a quien se lo señalaba de participar de la protesta. El juicio fue un fracaso anunciado, Peralta ya había presentado pruebas que en junio se encontraba en Mar del Plata cuidando de su padre enfermo.
Los casos de manifestantes que no se encontraban donde los fiscales del MPA indicaban fueron varios, debiendo cerrar los procesos su contra.
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