Días atrás, se dio a conocer que la Secretaría de Empleo iba a disponer de 650 millones de pesos para para entregar un subsidio de 5 mil pesos a personas desocupadas, a días de concretarse las elecciones. La polémica surgió, porque la entrega iba hacerse de manera discrecional por parte de punteros políticos de Cambiemos, por lo que varios intendentes del Frente de Todos, presentaron un amparo ante la justicia, que al día de ayer, pidió suspender el pago.
El fallo fue dispuesto por el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, que dictaminó ayer a favor de parar la liquidación de unos cien mil bonos de 5 mil pesos, al considerar válidos los argumentos que habían expuesto los apoderados del Frente de Todos para reclamar la paralización en los pagos de bonos. “La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podrían albergar el condicionamiento sobre la voluntad de los electores”, sostuvo Di Lello, en el dictamen.
El abogado del PJ Jorge Landau, sostenía en el pedido que la tramitación de subsidios por parte de punteros y dirigentes de Juntos por el Cambio resultaría violatoria del artículo 139 inciso “b”, del Código Electoral, que estipula penas de entre uno y tres años para quienes compelieren el voto de terceros a favor de determinados candidatos.
Por su parte, el fiscal Di Llelo, argumentó en el fallo que no objeta la entrega de esta ayuda para atender situaciones de vulnerabilidad, pero que esta entrega no puede “permitirse es que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo el ropaje de subsidios, dinero que por el tiempo que se otorgan -veda electoral- pueden ser utilizados con un mensaje electoralista”.
De esta manera, sostiene que pasadas las elecciones del 27 de octubre, podrá hacerse la entrega del beneficio a las personas inscriptas en el programa.
En paralelo, el Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial un rebalanceo presupuestario general que favoreció a la Secretaría de Empleo, la responsable del programa de estos subsidios masivos, con 650 millones de pesos, exactamente el mismo monto consignado en la resolución interna 1177 que puso en marcha el plan.
La decisión final, ahora recae en la jueza María Servini, responsable desde esta semana de la tramitación del caso y quien deberá analizar el dictamen de Di Lello.
La magistrada días atrás había resuelto poner un freno a una serie de acciones de campaña del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, de Juntos por el Cambio, por entender que resultaban violatorias del Código Electoral.
Asimismo, ayer circuló internamente un comunicado en banco Nación y Provincia (de Buenos Aires, provincia que iba a recibir el 50 por ciento de estos 650 millones de pesos), donde se informaba que entre hoy y mañana se ejecutarían pagos de subsidios especiales a beneficiarios del plan clandestino.
Fuente: Ámbito.com
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