En la última sesión de la Legislatura provincial ingresaron varios proyectos de ley, entre ellos se destaca el pedido de emergencia del transporte, el cual apunta al tarifazo que sufrió el sistema en los últimos cinco meses: de diciembre a abril, el incremento en los colectivos superó el 300%.
El autor de la normativa es el economista y diputado del FIT Unidad, Gastón Remy, quien en el proyecto apuntó que debido a las constantes subas en el valor del pasaje hizo que se redujera en un 20% la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema público de transporte -tomando como referencia de febrero 2023 a febrero de 2024- y advirtió que las empresas para equiparar esta reducción en la venta de pasajes podrían volver a exigir nuevos aumentos o amenazar con el cierre de la empresa o cancelación de líneas.
El panorama que plantea Remy es que poco alentador, señalando que “el transporte público de pasajeros en la provincia se ha transformado en un gran problema para las mayorías trabajadoras y populares”, apuntó que el servicio que brindan las empresas concesionarias es cada vez “más caro y de baja calidad”.
“Esto es el resultado de aplicar la lógica de la ganancia a un servicio que es público”, argumentó el dirigente de la izquierda, además de señalar que la quita del subsidio al transporte que aplicó el gobierno nacional agravó aún más la situación y apuntó al gobierno provincial y municipales de permitir “compensar” esta pérdida con el aumento del boleto.
Fue este punto, donde Remy detalló que desde diciembre hasta abril -en mayo el municipio capitalino plantea no realizar ningún incremento- en San Salvador de Jujuy y alrededores el pasaje tubo una suba de un 319%.
“Lo que está en juego es la rentabilidad de las empresas que se logra a costa de los pasajeros, que pagan boletos cada vez más caros y de los choferes, a los cuales no les reconocen la paritaria nacional y como es costumbre les pagan en cuotas sus salarios”, expuso.
Asimismo, el legislador cuestionó sobre los subsidios que recibieron las empresas por parte del gobierno nacional, provincial y municipal y la poca transparencia de su utilización. “En San Salvador cinco empresas solo en 2019 recibieron el equivalente en subsidios al xx% del valor de sus rodados. Dicho de otra forma, la sociedad a través del pago de sus impuestos debería ser ya la dueña de esos coches”, sentenció.
Frente a este escenario, Remy apuntó en el proyecto de emergencia que debe haber una reorganización del servicio de transporte creando una sola empresa estatal que sea controlada por trabajadores y usuarios/as, además de realizar auditorias que permitan establecer el costo del viaje.
Otra de las propuestas del proyecto de ley es que se aplique un sistema de abono mensual que permita abaratar el costo del pasaje, tomando como referencia el uso del transporte.
Anticipando la resistencia de las empresas de acceder a mejorar el servicio, abaratar el pasaje, como así también al control y auditorías, el diputado plantea como medida que el Ejecutivo cancele la adjudicación de la concesión y se estatice las mismas.