Trabajadores despedidos del programa Políticas Infanto-Juvenil exigen una audiencia con el gobernador

En la noche del pasado domingo, a través de un mensaje de WhatsApp, coordinadoras que se desempeñaban dentro del programa Políticas Infanto Juveniles fueron convocadas a una reunión de urgencia para el día siguiente. Durante el encuentro, la coordinadora general Verónica Acosta y el contador Martín Calisaya, informaron a las trabajadoras que se suspendía las actividades debido a “falta de presupuesto”.

Según indicó a Jujuy Dice, una de las coordinadoras (quien prefirió mantener el anonimato), durante la reunión ambos funcionarios explicaron “que no había presupuesto a nivel provincial y que éramos los únicos que no cobrábamos, entonces, para poder pagarnos estos dos meses y medio, tenían fondos de nación, pero, para poder tener esa plata tenemos que pasarnos a tener, contrato de locación (monotributo)”.

Sobre ello, en un comunicado, aclararon que hasta el momento no han “cobrado ningún sueldo, por lo cual, la solución que nos dan es que para poder cobrar lo trabajado (julio, agosto y mitad de septiembre) deberíamos inscribirnos como monotributistas. Este trámite no solo implica gastos y tiempo perdido, sino que además no nos garantiza cobrar en tiempo y forma, ni el goce de aumentos y bonos otorgados el mes de julio por el presidente”.

Por su parte, el contador les informó que recién en el mes de octubre estarían cobrando los sueldos adeudados.

Según indicó la coordinadora despedida, ella accedió al cargo de coordinadora institucional luego de concursar a la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación de la provincia. Por aquel entonces, en la entrevista que mantuvo con los responsables del programa infanto-juvenil, se le comunicó que accedía a ese cargo bajo un contrato con provincia, y que se iba a pagar tomando el cronograma docente. Además, también accedía a los mismos beneficios que los trabajadores de ese sector, como la obra social del ISJ. Nada de eso se cumplió, con el agravamiento que ahora le exigen ser monotributista para poder cobrar.

Si bien se habla de despidos, en realidad, esto no se hizo oficial. La coordinadora despedida explicó que en la reunión se les indicó “que cuando "a penas sepan" que provincia habilita o tiene el presupuesto nos llamarían para volver a tener nuestro puesto de trabajo”. Ante la pregunta de la profesional sobre cuán seguro era esa posibilidad, los funcionarios no pudieron ofrecer una respuesta.

“El trabajo estaba pautado desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre y, como supuestamente no hay plata, no quieren darnos la continuidad hasta que provincia tenga el presupuesto” expresó la trabajadora afectada por esta decisión.

De la misma manera, los encargados del programa tampoco pudieron decir “que estamos despedidas porque hay posibilidades de volver a trabajar”, sobre los cual, volvieron a insistir que “el cese de nuestras actividades es porque no pueden pagarnos siendo monotributista hasta el 31 de diciembre, como nos habían dicho, porque tampoco hay un fondo de nación que sostenga eso”.

La reunión se caracterizó por el grado de informalidad, ya que no hubo ningún tipo de notificación previa de la situación, como tampoco de los despidos/suspensiones. Además, aclararon que desde el gobierno, se utilizó como estrategia informar de forma separada por pequeños grupos de esta “suspensión temporal”.

La situación de incertidumbre fue repudiada en el comunicado, en el cual docentes y profesionales, consideraron como un “sabotaje a la educación”. Además, hicieron hincapié que esto “no sólo significa una inestabilidad laboral y económica para nosotros/as, teniendo en cuenta el contexto actual que estamos atravesando a nivel nacional y provincial, ya que, para cubrir ciertos cargos, el programa exigía no tener cargos aparte. Es decir, muchos de nosotros/as, contábamos con esta fuente laboral. Sino también deja a muchos chicos/as SIN un espacio de contención. Quitándoles a los niños, niñas y adolescentes el derecho a una educación de calidad, tirando abajo el discurso del equipo de Políticas Socioeducativas y el Ministerio de Educación de la Provincia, donde asumían su compromiso para con los/las estudiantes, el acompañamiento en las trayectorias, el fortalecimiento de capacidades evitando la deserción educativa”.

Por todo ello, los trabajadores despedidos responsabilizaron a la ministra Calsina, a la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Alejandra Mollón, y al propio gobernador Gerardo Morales, al que le exigen una audiencia.