Trabajadores municipales denuncian que intendente no respeta una ordenanza y planea despedirlos

El municipio de Caimancito atraviesa una situación atípica, ya que el actual intendente, Daniel Gurrieri del Frente Cambia Jujuy, ejerce ese cargo, aun cuando todavía no presentó su renuncia como concejal, y analiza de manera unilateral despedir a 34 trabajadores, incumpliendo una ordenanza aprobada.

Según detallaron los trabajadores afectados por esta situación, a mediados del año pasado, el Concejo Deliberante aprobó un decreto, donde se estableció el pase a planta permanente de 52 trabajadores. Por aquel entonces, Gurrieri, que se desempeñaba como concejal, se abstuvo de votar, sin embargo, la ordenanza obtuvo mayoría se consagró como ley.

El 10 de diciembre, Gurrieri, debía asumir como intendente de Caimancito, cumpliendo con el trámite previo de presentar su renuncia como concejal y presidente del Concejo Deliberante en la finalización del periodo ordinario de sesiones del parlamento municipal. Sin embargo, el dirigente del Frente Cambia Jujuy, nunca cumplió con este requisito, por lo cual, no obtuvo su acta de asunción al cargo. Aun así, Gurrieri, desde el recambio de autoridades, realizó actos de gobierno y tomó juramento como presidente del Concejo Deliberante al concejal Blas Videla, cargo que le correspondía al peronista Diego Mayaregua.

Ante esta situación en la incompatibilidad de funciones en que incurrió Gurrieri, fue el propio Mayaregua quien se presentó en la justicia para reclamar la presidencia del parlamento municipal. Por su parte, el STJ, dio la razón a Mayaregua, quien quedó como presidente provisorio del Concejo Deliberante, desestimando el nombramiento de Videla, a quien se le ordenó que se abstenga de realizar actos de gobierno y/o administrativos. Por ello, desde el 10 de diciembre, fecha que se realizó el cambio de autoridades, en Concejo está sin funcionar.

Gurrieri, la ordenanza y los posibles despidos

Entre los meses de mayo y junio, el Concejo Deliberante de Caimancito trató el tema del pase a planta permanente de 52 trabajadores. Por aquel entonces, Gurrieri como concejal, cuando fue la votación, se abstuvo, pero con dictamen de mayoría, se convirtió en ordenanza, debiendo el municipio realizar el trámite del pase a planta permanente de esos 52 trabajadores.

Asumido como intendente, Gurrieri se negó a cumplir con esta ordenanza. Su justificación sobre esta decisión es que estaba mal redactada. A partir de allí, de este total de 52 trabajadores que obtuvieron el nombramiento, sólo 6 pudieron acceder al beneficio por el fallecimiento o jubilación de un familiar, 12 siguen trabajando, mientras que los 34 restantes, el intendente analiza despedirlos.

Sobre este punto, los empleados damnificados señalaron que si efectivamente estaba mal redactada la ordenanza municipal, ninguno de los trabajadores debía haber sido pasado a planta permanente, pero sí lo hicieron 6, demostrando la arbitrariedad de la decisión del titular del ejecutivo municipal.

“Nosotros pasamos a planta permanente en mayo-junio del año pasado a través de un decreto que pasó por el Concejo Deliberante y se convirtió en una ordenanza municipal, que es diferente a los otros municipios de la provincia donde pasaron personal a planta permanente por decreto del ejecutivo municipal”.

Además sostuvieron que todos los trabajadores cumplen con los requisitos para acceder al pase a planta permanente “como los municipios son autónomos, sí pueden pasar a planta permanente, incluso, cuando tengan 3 meses de antigüedad, tal como lo establece el estatuto del empelado público”, según señalaron,” siempre y cuando se sustente en una ordenanza, tal como es el caso de los municipales de Caimancito”.

“Si hubiera sido sólo con decreto, podría haber venido una nueva autoridad y hacer caer ese decreto, él (por Gurrieri) para hacer caer una ordenanza tiene que mandar de nuevo un decreto, justificando y dando todas las razones del por qué daría de baja la ordenanza, pero el Concejo Deliberante no está funcionado porque está con conflicto”.

Sobre los rumores de despidos, los trabajadores afectados señalaron que no los dejan firmar asistencia y desempeñarse en sus tareas. Además, algunos sostuvieron que se debe a una persecución ideológica, dado que la mayoría son militantes del peronismo.

Los trabajadores afectados presentaron un recurso ante la justicia a fines de diciembre de 2019, aunque todavía esta no se expidió.