Trabajadores rechazan la ley de Emergencia de Sadir y vuelven a las calles

La modalidad la instaló Gerardo Morales: esta tarde la Legislatura dará tratamiento exprés al proyecto del Ejecutivo sobre la Emergencia de la Provincia, ley que trabajadores rechazan por el ajuste que implica, por lo que esta tarde se congregarán en las inmediaciones de la Casa de Piedra.

Apenas pasó una semana que tomó estado parlamentario el proyecto de Emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, social, ambiental y climática, con la cual el gobernador pretende imprimir su gestión por al menos un año o dos y que implica un ajuste especialmente para el sector trabajador.

La denuncia ya la hicieron varios dirigentes sindicales, pero ahora se suma el rechazo generalizado de la Intergremial, que se convocó a las 17 en la Legislatura para presionar a diputados y diputadas para que rechacen el proyecto del Ejecutivo.

Sadir ya adelantaba el 1º de marzo que esta declaración de emergencia debía entenderse en el marco de la “complicada situación económica que nos afecta como país y que impactan directamente en el día a día de cada uno”, en relación a los recortes que aplicó el gobierno de Javier Milei de recursos a las provincias. Jujuy es una de las más complicadas, los fondos de coparticipación eran los que garantizaban el pago de salarios que, de aprobarse esta Emergencia, podrán congelarse y recortarse.

Es que según indica la ley, el Ejecutivo apenas garantizará el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en marzo apenas superó los 202 mil pesos, muy lejos del costo de la canasta básica total, lo que pone a todo el conjunto del sector trabajador en condiciones de indigencia, teniendo en cuenta que la canasta básica alimentaria rondó entre los 222. 700 pesos (hogar tipo 1, una familia de 3 integrantes) y los 306.667 pesos (hogar tipo 3, familia de 5 integrantes), medición que se desprende a valores de febrero.

No obstante, esta no es el único punto sobre el cual argumentaron desde la Intergremial para impugnar esta emergencia, también se facultará al Ejecutivo para pagar después de día 10 de cada mes, incluso pagar en cuotas.

Asimismo, ya no se pagará horas extras ni adicionales, aunque podrán obligar a trabajadores a seguir en funciones fuera del horario laboral con apenas la compensación de “descansos”.

Tampoco se reconocerá las funciones desempeñadas en los sueldos, en el caso del sector docente, no se reconocerá las subrogancias, esto es que, en caso de licencias de directivos, educadores que ocupen ese cargo no se le pagará el salario correspondiente a ese cargo. Además, se suma la posibilidad de realizar el traslado compulsivo de trabajadores cambiando su lugar de función.

Por otra parte, Sadir pretende mantener la precarización laboral, al dejar de garantizar la estabilidad laboral, derecho constitucional. En ese mismo sentido, uno de los artículos frena el pase a planta permanente -decreto firmado por Morales- dentro de la Administración Pública, lo que perjudica particularmente a personal contratado y jornalizados, además de eliminar la recategorización.

El último punto señalado apunta a las jubilaciones compulsivas: el Estado podrá obligar a dejar de trabajar a quienes cumplan con los requisitos, aún cuando el trabajador o trabajadora no quiera dejar su fuente de trabajo.