El 11 de noviembre se celebrarán las elecciones del Sindicato de obreros empleados del ingenio Ledesma (SOEAIL) para renovar sus autoridades, la disputa es entre seis listas: la lista oficial es la Azul, la lista radical es la Naranja, la lista Roja de extracción peronista, la lista gris tiene como perfil la gestión de Rafael Vargas ex secretario general; la lista Celeste es la del sector del FIT y la lista Blanca representa a un sector que se desprendió del oficialismo.
Lo llamativo es que los integrantes de la lista Naranja informaron a la Junta Electoral que el nuevo apoderado de la lista será Enrique Vergara, nada más y nada menos que el abogado radical asesor del ex gobernador Gerardo Morales. De hecho, es su representante en la causa que inició contra el abogado Juan Enrique Giusti, quien pidió que el mandatario rindiera cuentas sobre los contratos de Cannava, la empresa que maneja su hijo, Gastón Morales, dedicada -según la misión de la compañía estatal- a la producción de cannabis medicinal y que, tanto Giusti como la ex diputada Alejandra Cejas, pusieron en duda. El tiempo les dio la razón, Cannava firmaba en este 2024 un contrato con varios países europeos para la exportación de flores a granel, lo cual, su utilización no necesariamente implica un uso terapéutico.
Vergara, además se encuentra como asesor en el bloque de la UCR en la legislatura provincial y uno de los apoderados de la UCR.
La intromisión del radicalismo en el sindicato del ingenio Ledesma no es menor y más con la complicidad con la empresa. El candidato a secretario general Luciano Lezano, ha demostrado a sus compañeros no tener compromiso real de defender los derechos laborales, sino ser condescendiente con la patronal para réditos personales.
Así, cabe recordar que Vergara es un abogado que ha denunciado a los trabajadores azucareros que reclamaban en el 2016, 2017 que fueron detenidos tras una manifestación en reclamo de mejoras salariales y laborales.
Por esos años, en la época del macrismo, la lucha de azucareros en la región fue reprimida por el gobierno de Morales. No obstante, también se promovió una campaña de despidos, amenazas.