Un decreto suspendido que va contra las comunidades: dejaron sin efecto la aprobación de planos de tierras fiscales

De gira por Europa, Gerardo Morales llevó una agenda con la intención de conseguir inversiones para la provincia para el desarrollo en materia de hidrógeno verde y litio, metal que tiene en conflicto a su gobierno con las comunidades indígenas de la puna por el recurso del agua y que el gobernador intenta saltar suspendiendo un decreto en el cual se otorgaba planos de tierras fiscales.

Fue el pasado 4 de septiembre que el mandatario provincial dejó sin efecto el decreto 9146, el cual permitía alcanzar títulos de inmuebles a quienes no poseían sus títulos.

Sobre esta resolución, el abogado y ex candidato a convencional constituyente, René Vicente Casas en duda las verdaderas intenciones de la medida.

“Suspenden la tramitación para la aprobación de los planos de prescripción adquisitiva de las tierras fiscales con fundamentos que nos llaman la atención”, comenzó explicando desde su estudio jurídico.

A fin de dar cuenta de los cuestionamientos, Casas detalló “para alcanzar el título de un inmueble, cuando no se lo tiene, es necesario hacer un trámite previo a la iniciación del juicio de prescripción adquisitiva, ese trámite previo se realiza en la Dirección de Inmuebles, es decir, se confecciona un plano y ese plano tiene que ser revisado por las autoridades de Inmuebles y aprobado, ese trámite ha sido suspendido por el decreto 9146 del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, el abogado apuntó “me llama la atención los fundamentos que tiene y que son rebatibles”.

Leyendo estos fundamentos, Casas cuestionó “con el fin de regularizar y ordenar el trámite, ¿que no estaba haciéndose de manera regular y ordenada el trámite?, la Dirección de Inmuebles entonces tiene que informar, al gobierno de la provincia cómo lo estaban haciendo, más adelante dice el resguardo del patrimonio de la provincia, ¿que no estaba resguardando la Dirección de Inmuebles el patrimonio de la provincia?, estos son fundamentos graves porque no dice más nada ninguna medida y concluye y de la seguridad jurídica para la ciudadanía, ¿que nos teníamos seguridad jurídica con el gobierno actual”.

En la misma dirección, el abogado constitucionalista subrayó “esos fundamentos no son ciertos, lo cierto, es que le frena el trámite de prescripción adquisitiva a algunos integrantes de pueblos originarios que ya deben haber empezado el trámite administrativo para alcanzar algún día la propiedad del inmueble, que habitan allí hace 300 años o 40 años atrás, no tienen título y el gobierno no se los ha dado nunca”.

Dicha medida regirá por un año, con la opción de extenderse a dos. “Por dos años, ustedes frenan la pretensión de acceder al dominio del inmueble que lo ocupan hace 300 años o 20 años”, ejemplificó.

Sin embargo, para Casas lo más grave es lo que no dice el decreto: “el gobierno de la provincia de Jujuy no se limita en cuanto a las tierras fiscales a entregarlas en venta, en comodato, en permuta, no dice nada de eso, el gobierno puede seguir entregando tierras fiscales del norte, que pertenecen a los pueblos originarios, pero no tienen título, ellos pueden entregarlas, venderlas”.

Y agregó “se están desbaratando derechos de los pueblos originarios, a los cuales no se les ha dado título nunca jamás, porque los gobiernos que han pasado no se han ocupado de darle solución a sus problemas”.

Así, Casas consideró que esta suspensión puede catalogarse como inconstitucional “porque no asegura, no garantiza el principio de igualdad ante la ley, porque le dice algunos no, pero nosotros gobierno sí, seguimos vendiendo la tierra fiscales, lindo hubiera sido que tampoco por dos años al gobierno entregue en sesión, en venta, en permuta, en comodato o en locación ninguna tierra fiscal ni un centímetro, pero cuando no lo dice el decreto, a nosotros nos da la suspicacia que el gobierno va a seguir vendiendo tierra, aún en detrimento de los pueblos originarios”.

En relación si se puede realizar una presentación para frenar esta medida, el abogado señaló “se puede denunciar la inconstitucionalidad de este decreto, pero es una acción judicial bastante difícil para que en el ámbito del poder judicial de la provincia tenga una solución en poco tiempo, quedaría la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, pero es un camino bastante difícil, es decir, se le ha colocado un obstáculo a quienes están haciendo el trámite administrativo de la prescripción adquisitiva, se les ha puesto un obstáculo demasiado grande, demasiado insalvable, el Estado, a través del gobierno tiene que facilitar la vida del ciudadano, no complicarsela como con este decreto se le complica, porque desbarata los derechos que ya tienen, les dice Inmuebles está cerrado para ustedes por un año con opción a dos, pero yo sigo vendiendo”.

El tema del litio parece ser el eje de esta decisión. “Los pueblos originarios han reclamado siempre la titularidad de las tierras, que les pertenecen y que hay que darles, porque ellos están viviendo con su familia hace muchos años, pero ahora después de tantos años que han pasado desde el primer reclamo  que han concretado hace más de 70 años, resulta que venimos y nos encontramos con que el mundo avanza Y esas tierra son ocupadas por pueblos originarios hoy tienen litio, tiene oro, pueden tener petróleo, pueden tener otros minerales, aquí hay otra cuestión de mucha importancia económica, que capaz que el gobierno tiene intención de regular, pero no lo ha dicho, nosotros pensamos que la riqueza mineral que existe, debe ser explotada, pero debe ser explotada sin perjudicar los derechos de los habitantes de esas tierras y que respete los principios ecológicos”, concluyó.