Desde que Gerardo Morales impulsó la creación de Cannava, todas las familias campesinas que trabajan las tierras en Finca El Pongo se vieron perjudicadas por la quita de las mismas, entre sus últimas víctimas está Griselda Ibañez, quien iniciará una demanda por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, amenazas y daños.
Son diversas las irregularidades del despojo de unas 36 hectáreas que ocupaba junto a sus hijos para la cría de animales, actividad con la cual subsiste. En principio, la demanda presentada por el abogado Alanis Oliver, ex funcionario provincial, junto a la administradora de la finca, Sonia Levis, apuntaba a Daniel Ibañez, padre de Griselda y no contra la mujer.
Asimismo, no sólo la mujer fue víctima del despojo aún cuando no era la demanda, sino que además esta sentencia no estaba firme.
Sobre este punto, la orden de desalojo había sido expedida el pasado 27 de diciembre y establecía un plazo de 10 días para que la parte demanda presentara su defensa. Nada de esto ocurrió y ese mismo día la familia de Griselda vio como la maquinaria ingresaba al lugar.
Frente a esto, la mujer decidió que llevará su caso a la justicia por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, amenaza y daños. La imputación podrá recaer tanto en el abogado Oliver y la administradora de la Finca El Pongo, pero también en la jueza Sandra Torres, quien firmó la orden de desalojo.