La última audiencia por la causa iniciada por la comunidad kolla de Caspalá no sólo formalizó la imputación de seis funcionarios de la provincia, sino que, además, la fiscal apuntó que el despojo se contempló a partir de documentación falseada.
Lucía Orsetti fue quien apuntó que los acusados -entre ellos, la ex ministra de Educación, Teresa Bovi- permitieron la ejecución del inicio de obra, aún cuando conocían que el lugar no era adecuado, además de no tomar las previsiones para la protección del patrimonio cultural.
Según detalla el expediente, el 2 de noviembre de 2022 la Dirección de Vialidad provincial irrumpió sin previo aviso en la cancha de fútbol del pueblo, asentada en la finca “Los Pozuelos”, siendo este el único terreno nivelado del pueblo. Esta ocupación se basó en el Plan de Manejo Ambiental que realizó Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación provincial y que fue presentado ante el Estado Nacional, quien concedió 43 millones de pesos para el inicio de la construcción de una escuela.
“Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar”, expuso la fiscal Orsetti.
Es precisamente este informe de la dependencia de la cartera educativa jujeña la que dejó demostrado los datos falsos aportados: en el mismo indica que el sitio no era “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”, cuando allí se había erigido una cancha.
Asimismo, el sitio elegido para la obra no se trataba de “puntos culturales, religiosos o históricos del país” y en la misma dirección que no se trata de “sitios con características arqueológicas o paleontológicas”. En enero de 2023, la apropiación de dichas tierras era para erigir una nueva cancha para reemplazar la afectada para la construcción del colegio secundario, aún cuando el mismo informe señalaba que el lugar elegido para la obra no existía ningún espacio recreativo.
Otro de los puntos cuestionados por la fiscal, es que el Plan Ambiental indicaba que no existía “pueblos indígenas en el área del proyecto o [que] se realizará el mismo en una comunidad indígena”. Sobre esto, ya con el conflicto entre las partes, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial señalaba que se había realizado la mensura total del pueblo, es decir, que se dividía por lotes todas las tierras, desconociendo así la propiedad comunitaria. Lo cierto, es que reconociéndose como comunidad kolla, dicho relevamiento debió hacerlo el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- en el marco de la vigencia de la ley nacional 26.160 de Emergencia Territorial.
Se suma, que el informe también señalaba que no “existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a consecuencia del desarrollo del proyecto”.
Así, Orsetti catalogó como “fácilmente advertibles a través de contradicciones internas burdas reflejadas en el propio documento”.
Además, la fiscal advirtió que “no sólo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”, por lo que obra nunca debió avanzar.
Pero, no fue el único tema que abordó la fiscal Orsetti: también apuntó al desvío de los 43 millones de pesos que recibió el Ministerio de Educación de la provincia por parte de la cartera nacional para concretar la obra, que sigue sin existir. La funcionaria judicial detalló que el avance físico apenas representa el 11% del proyecto total. “El 10,17% de escuela efectivamente construida, son cimientos, vigas y muros bajos que no tienen ningún uso desde entonces”, indicó Orsetti.