Sin importar la necesidad de un lugar para vivir, ayer se produjo un nuevo desalojo en Jujuy contra una familia campesina: derribando paredes y techos, la familia Flores del paraje Los Mateos en Palma Sola, se quedó sin su vivienda
La expulsión del lugar ocurrió este martes, a pedido del empresario sojero salteño Horacio Macedo, quien, según indicó la organización Tierra Fértil, es el titular registral de las tierras, pero no tiene la posesión de la misma. De hecho, la familia desalojada es quien ocupa el lugar hace años, donde además desarrollan su actividad de sustento, con la cría de animales.
En ese sentido, la organización campesina advirtió de la “violencia y despotismo” que sufren día a día en la provincia, donde el gobierno provincial promete no desalojar, pero arremete contra tierras que ocupan familias campesinas e indígenas.
El desalojo de la familia Flores parece responder a los lazos familiares que tiene el empresario en cuestión con funcionarios del Estado provincial, Horacio Macedo es pariente del ex embajador jujeño en Bolivia -también de nombre Horacio Macedo-. Sus hijos actualmente se desempeñan uno como juez y el otro dentro del ISJ.
Lo cierto, es que el conflicto de Macedo con las familias campesinas de Palma Sola tiene larga data: en 2013, cuando todavía era titular de CRAM SA, el empresario exigió el remate de unas tierras que ocupaba una familia para así cobrar unos 300 mil pesos de honorarios por un juicio de prescripción adquisitiva.
La prescripción adquisitiva la había pedido la familia Mamani, para así obtener los títulos de las tierras que ocupaban hace 90 años. La justicia, sin hallar pruebas, falló en contra de la familia Mamani, por lo que Macedo, como apoderado de la CRAM SA exigió el pago de dicha suma. Sabiendo que la familia campesina no tenía los recursos económicos para hacer frente al pago, el empresario pidió el remate de unas 200 hectáreas que tenía la familia Mamani a su nombre.
Por aquel entonces, Tierra Fértil advertía sobre los desmontes que había obtenido la empresa CRAM en tierras poseídas por las familias campesinas, los cuales finalmente fueron anulados, tras un juicio de amparo donde se demostró la irregularidad en el procedimiento de aprobación de los desmontes.