Un proyecto del radicalismo que apunta a la privatización del sistema de salud en Jujuy

Tapado con el Presupuesto 2025, este miércoles la Legislatura tratará la implementación del Seguro Provincial de Salud -SEPROSA-, lo que equivale a la privatización del sistema público, al implementar el cobro de las prestaciones médicas a toda la población jujeña.

De autoría del diputado radical Santiago Jubert, el SEPROSA es la respuesta del oficialismo a la política de ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei y a la cual el Ejecutivo provincial se alinea. Tal es así, que el proyecto, presentado el pasado 10 de diciembre, argumenta que “toda asistencia sanitaria, posee un costo” y que es el Estado provincial que termina por solventar.

Señalando que al dejar de recibir la financiación por parte de Nación, “surge la necesidad de implementar un Seguro Provincial de Salud con el fin de que aquellas personas que no cuentan con una cobertura sanitaria, tengan la posibilidad de contratar el SEPROSA” para seguir manteniendo el esquema solidario del sistema de salud.

Sobre este punto, lo que se presenta como una “posibilidad”, en realidad termina convirtiéndose en una imposición: el artículo 12 establece que todo trámite que se realice en la administración pública provincial deberá exigir el SEPROSA, ya sean habilitaciones comerciales, permisos de construcción, entre otras.

Según argumenta el proyecto, el sistema público brinda cobertura “al 50% de la población jujeña. De ese porcentaje, la mitad se encontraría en condiciones de vulnerabilidad social y económica, pero el resto, tendría capacidad de pago y se encontraría en condiciones de aportar ingresos al sistema de salud mediante el SEPROSA”.

En este universo de posibles aportantes serían feriantes, taxistas, es decir, trabajadores que no tienen ingresos fijos, pero que para el diputado Jubert pueden estar en condiciones de aportar poco más 30 mil pesos mensuales, siendo que la cuota establecida se corresponde al valor de cinco consultas médicas que, hasta la fecha ronda los 4 mil pesos, aunque debe sumarse 2 mil más del coseguro que implementa el ISJ, que será la autoridad de aplicación. Asimismo, el valor de la cuota quedará actualizado con la implementación de los nuevos valores de la consulta médica.

proyecto del radicalismo

Solamente quedarán exceptuados de pagar esta obra social provincial quienes puedan acreditar “no tener los recursos suficientes” o quienes no sus ingresos no superen el valor de 2 salarios mínimo, vital y móvil establecido para diciembre en 271.571 pesos.

Aquí, hay otra trampa del proyecto de ley: siendo que gran parte de aportantes que señala el diputado pertenecen a la economía informal, no tienen posibilidad de acreditar que sus ingresos no superan esos casi 600 mil pesos que representan los dos salarios mínimos.

La implementación de este seguro sólo permitirá acceder al PMO (Plan Médico Obligatorio), al menos que se pague una diferencia que permita acceder a más beneficios, aunque no se aclara cómo será cuantificada ese plus adicional.

De aprobarse este seguro provincial, el gobierno de Sadir da otro paso a la privatización de la salud pública y su desmantelamiento, en tanto, quienes tengan el SEPROSA podrán optar por prestadores pertenecientes del sector público como del privado.