El conflicto territorial en la provincia es gravísimo ante los desalojos a las comunidades indígenas y ante el desconocimiento jurídico en el tema: “acá se está desmadrando el estado jurídico de las comunidades”, advierte la abogada Alicia Chalabe en una entrevista en Radio 2, ante el intento de desalojo a la comunidad de Cueva del inca.
Si bien Chalabe, representa a las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, es una estudiosa en el tema y trae a la luz un informe oficial del Estado provincial y una sentencia firme del 2006 sobre la entrega de tierras a las comunidades indígenas de la provincia.
“Es muy grave el hecho y la situación de confusión respecto a la titularidad dominial de las comunidades indígenas es tremenda la que se vive en la provincia de Jujuy” alerta la abogada y explica la jurisprudencia existente donde se establecen criterios para interpretar y aplicar las normas legales en situaciones similares, creando un precedente para futuros casos. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también falló sobre las comunidades indígenas, criollas en Salta donde el Estado provincial intentó modificar la situación de esas comunidades recordó Chalabe afirmando que en la provincia están eludiendo jurisprudencia.
El informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy en el 2007 brinda un informe al Tribunal Contencioso Administrativo de la provincia, observando con detalle la cantidad de comunidades que abarca el fallo Andrada de Quispe y otros en el año 2006. Se detallan las ubicaciones de las comunidades en los departamentos de Cochinoca, Yavi, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara, Santa Bárbara, y Valle Grande.
El documento detalla que, según el convenio, se obliga a la provincia a regularizar una superficie de 1.283.300 hectáreas fiscales rurales y 15.583 parcelas fiscales urbanas para beneficiar a 20.233 familias.
En ese fallo, el juez del Tribunal Contecioso Administrativo, ordena que se entreguen en propiedad comunitaria las tierras de las comunidades que habían sido relevadas por el programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la población aborigen de Jujuy (PRATPAJ) en el 2007.
El juez ordena a la provincia de Jujuy que en un plazo de 15 meses elabore un informe de cumplimiento de la sentencia para entregar las tierras en propiedad a las comunidades de la sentencia.
El informe es “un antecedente importante, una obligación del Estado pendiente de cumplir esta sentencia desde el año 2006, que le dieron 15 meses y ahora son desalojados”, aclaró la abogada en referencia a la comunidad de Cueva del Inca que se encuentra contemplada en el informe y el Estado aun no cumplió.
En este sentido, Chalabe advierte el valor de los títulos comunitarios y que en el caso de Inca Cueva se presentaron títulos individuales en un expediente judicial donde no dejan participar a la comunidad de Cueva del Inca. “Le dicen, no, usted no participe porque aquí está demandado el señor y el señor tal. Individual. Acá, hay un grave incumplimiento del Estado provincial de una sentencia judicial firme y consentida, que es doctrina, que ha sido incorporado como un derecho adquirido de estas comunidades cuyo compromiso tenía el Estado de entregar la propiedad comunitaria a las tierras” remarca la sentencia judicial a favor de la comunidad.
Chalabe señala el antecedente y explica que “no puede haber sentencias contradictorias. Un juez debe conocer el derecho, debe aplicarlo. Si hay una sentencia en vilo de cumplimiento o una orden judicial vigente, uno tiene que dar a conocer para que se conozca la situación jurídica”.
Sin embargo, cuestiona: “¿Cómo yo he pasado de ser propietario a ser un ocupa? Eso se llama desconocimiento grave del derecho. Grave”, enfatiza.
La abogada insistió que “están modificando el status jurídico de esa comunidad. Con esta sentencia de 2006, que no se cumplió, porque ese es otro dato. No se cumplió. La sentencia no se va a modificar hasta que no se haga efectiva. Porque esa sentencia quedó firme. Esa sentencia es doctrina. La única posibilidad que haya de que se modifique esa situación jurídica es por otra sentencia, que ya no va a poder modificar lo que ya ha quedado firme, lo que ya es incorporado a mi derecho”.
Sin embargo, señaló ante el desalojo del martes pasado “hemos convertido a estos propietarios, preexistentes, ancestrales, de buena fe, en ocupas ¿Cómo hemos cambiado el status jurídico? ¿Por la simple voluntad de las personas? Bueno, ¿sabe qué? Desmantelemos el Poder Judicial. Si, usted gana en la sentencia, si yo mañana le digo, mire, no le voy a cumplir porque no se me da la gana. No podemos poner como resolución de conflicto al Poder Judicial. Lo que estamos haciendo es desmadrando el estado jurídico de las comunidades indígenas”, ironizó.
Ante esta situación la abogada insiste en el desconocimiento jurídico que tiene la provincia respecto a los territorios de las comunidades como son en la quebrada de Humahuaca o por tierras que están en la zona litiera. Señalando así las zonas de mayor conflicto por la extracción de recursos naturales que despertó interés en el estado.
Por último, Chalabe ejemplificó “supongamos que en esta tierra, que vaya a saber qué ha sucedido en el transcurso de los años, estamos en el 2025. Entonces es posible que se presenta Juan y Pablo contra María y Juana y resolvemos ahí en un litigio sencillo una acción de despojo. No es tan sencillo. Porque el Estado provincial le debe a las comunidades mencionadas en este fallo todas las tierras del programa PRATPAJ”, concluyó.
En el mientras tanto, la comunidad de Cueva del Inca resiste ante el atropello de la jueza Lis Valdecantos Bernal.