Uso ilegal de la fuerza y creación de un ambiente hostil para la protesta, el informe de Amnistía Internacional sobre Jujuy

Más de un centenar de testimonios -entre ellos la de víctimas que perdieron un ojo por la represión policial- que relataron el hostigamiento y la persecución por parte del gobierno de Gerardo Morales, más el registro fílmico de los acontecimientos, hizo que Amnistía Internacional señalara que durante las protestas contra la reforma parcial de la Constitución hubo un uso excesivo de la fuerza, además de crearse un ambiente hostil para la protesta pacífica.

El informe preliminar del organismo difundido ayer es el resumen de las más de 107 denuncias que recolectó la delegación entre el 25 y el 29 de septiembre en la provincia y que incluyó a comunidades indígenas, abogados/as, organizaciones de derechos humanos, tanto en San Salvador de Jujuy, como Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques.

El primer punto subrayado es que hubo un “uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en protestas”, por parte de las fuerzas de seguridad y que tuvo como correlato el sufrimiento de graves lesiones en manifestantes, incluso la pérdida de uno de sus ojos.

Sobre este punto, Amnistía Internacional apuntó “la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban (…). Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, los disparos de balas de goma hacia la cabeza o la parte superior del cuerpo están prohibidos. Además, estos proyectiles deben ser utilizados únicamente para apuntar a una persona en concreto involucrada en actos de violencia y sólo cuando otros medios menos extremos sean insuficientes”, conclusión que contradice la decisión de la justicia local de considerar que no hubo violación de derechos humanos en Jujuy.

Pero no fue el único dato que dejó mal parado al gobierno de Morales: el organismo, además de detallar que hubo policías vestidos de civil y vehículos particulares sin identificación, también señaló que no cumplió con la obligación de brindar asistencia y servicios médicos a las personas heridas lo antes posible, frente a las denuncias recibidas respecto a negación de asistencia en hospitales públicos a manifestantes con heridas.

Más grave aún fue la imputación referida a la privación de la libertad. “Durante las protestas realizadas en San Salvador de Jujuy el 20 de junio, más de 70 personas fueron privadas de su libertad. Sin embargo, según información del Ministerio Público de Acusación, solamente “dos o tres” de ellas están siendo investigadas por supuestos hechos de violencia cometidos durante las manifestaciones, mientras las demás fueron liberadas sin ningún cargo”. Lo mismo ocurría en Purmamarca el 17 de junio, con el agravante que efectivos detuvieron a un menor (pese a que les había informado de esto) y la denuncia de una mujer que señaló que fue obligada a desnudarse frente a un grupo de policías varones.

Cabe mencionar que la delegación mantuvo un encuentro con el fiscal general del MPA, Sergio Lello Sánchez, representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Asimismo, se solicitó reunión con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, las cuales no se pudieron concretar.

Por otra parte, se constató que el gobierno utiliza el Código Contravencional “para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes. La utilización de este instrumento, que regula faltas menores y cuya aplicación se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia, ha sido otra forma de criminalización de las protestas en Jujuy”.

En esa misma dirección, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, manifestó “nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”, donde el Código Contravencional se ha vuelto un instrumento para perseguir a todo opositor al gobierno.

“Estos procesos contravencionales son iniciados y procesados por personal del Ministerio de Seguridad, muchas veces en ausencia de la persona acusada, pese a que pueden resultar en multas onerosas o incluso la privación de la libertad. En muchos casos se ha documentado que por los mismos hechos se investiga a la misma persona penalmente también, afectando la garantía de prohibición de doble juzgamiento”, explica el informe.

Y concluye: “el pueblo de Jujuy tiene el derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como de ser informado y participar de medidas que afecten sus derechos. Las autoridades de la provincia deben garantizar estos derechos e investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”.