Representantes de las Comunidades Aborígenes de Salinas Grandes, junto al Comisonado Municipal de Purmamarca Oscar Tolaba se acercaron a la legislatura provincial para pedir que el proyecto de expropiación de tierras en la localidad de Tumbaya vuelva a Comisión ante la incumplimiento de la consulta libre previa e informada a los pueblos originarios que allí residen.
En particular integrantes de las comunidades de San Miguel de Colorados presentaron notas al gobernador Gerardo Morales, al Presidente de la Legislatura Carlos Haquim, a la Secretaria de Pueblos Indígenas Alejandra Liquín, y a los bloques de la legislatura para brindar información respecto a los propietarios de lotes en el paraje de Piscuno y Colorado que el Gobierno de Gerardo Morales pretendía expropiar.
Quedó expuesto ante los legisladores que las familias propietarias Alancay y Tolaba pertenecen a la comunidad aborigen de Saladillos y de San Miguel de Colorados y además se encuentran censados como integrantes de esas comunidades aborígenes. Además confeccionaron un croquis de la tierra de propiedad comunitaria cuya potestad se encuentra en trámite incluyendo la parcela en cuestión.
En la Casa de Piedra luego de no trabajar por meses –elecciones provinciales y PASO de por medio- tuvieron una tarde movida ya que la presencia de comuneros expresando su malestar y oposición al proyecto del Ejecutivo Provincial logró activar el debate y la labor de los legisladores.
El gran revuelo que provocó la presencia en la Cámara y la movilización de las comunidades hizo que el oficialismo retroceda y postergue el tratamiento del proyecto de expropiación de Tumbaya.
El Diputado Humberto Lopez de Cambiemos dijo que "el bloque postergará el tratamiento del proyecto de expropiación. Avanzaremos en el diálogo y si no quieren no se hará". Aunque off the record y en un llamado telefónico expresó a uno de los familiares que el proyecto se realizará con o sin consentimiento comunal.
En varias oportunidades ese legislador recalcó que los terrenos a expropiar no son de las comunidades sino que pertenecen exclusivamente a la familia Alancay y Tolaba en tanto ciudadanos.
La sesión ordinaria se atrasó ya que las comunidades fueron recibidas por los bloques de la oposición_ Partido Justicialista, Frente de Izquierda de los Trabajadores y Frente Unidos y Organizados donde también expuso la abogada Alicia Chalabe en defensa de los derechos de los originarios.
La letrada expuso los fundamentos de la posición que finalmente se impuso logrando que el proyecto no sea tratado, al sostener que las tierras sujetas a expropiación son de propiedad comunitaria y en tanto el estado está obligado a cumplir, previo a disponer la enajenación de esos terrenos, con la consulta previa, libre e informada a las Comunidades Originarias tal cual lo marca el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas que en nuestro país tiene rango constitucional.
En notas dirigidas a la Gobernación y la Secretaría de Pueblos Indígenas, la abogada patrocinante expone en relación al “terreno identificado como Parcela H 2180, ubicado en el Distrito de Piscuno y Colorado, en la intersección de RN 52 y Ruta Provincial 79, objeto de un proyecto de expropiación para tratarse en el día de la fecha” que “los Señores Guillerma Alancay, Grimaldo Alancay, Bail B.B. Alancay, Faustina Tolaba Y Jorge Alancay, quienes detentan la propiedad del inmueble identificado son miembros de la Comunidad Aborigen de Saladillos y de San Miguel de Colorados, y forman parte desde tiempos ancestrales- ya que nacieron allí inclusive sus bisabuelos- y se encuentran censados a la fecha en las respectivas comunidades aborígenes.” Concluyendo que “por lo tanto, el terreno se encuentra incluido en las tierras cuya propiedad exigimos como propiedad comunitaria de las Comunidades Indígenas de San Miguel de Colorados y de Saladillos Ronqui Angosto.”