La aberrante y escandalosa denuncia penal por agresiones y violencia laboral en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy, no tuvo aún una respuesta política, sólo el desinteresado y lento accionar de una justicia parcial, que favorece el ocultamiento y la impunidad de los delitos cometidos en esa cartera. Estas denuncias deberán nacionalizarse por la gravedad de los ilícitos contra la integridad de las y los trabajadores ya que en la provincia no hay respuesta para que cesen las amenazas y acosos, en un clima de violencia institucional generalizado.
En notas dirigidas directamente al gobernador Gerardo Morales, empleados del ministerio denunciaron hechos de acoso sexual, violencia laboral, persecución y trabajo en negro cometidos por el propio ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz y funcionarios que son sus familiares directos.
A comienzo de mes, se conoció una denuncia caratulada por robo a una trabajadora de esa dependencia donde participaron cuatro funcionarias de las cuales la justicia imputó solo a dos, Agustina Mulqui y Gabriela Aletti. Agresiones que tuvieron lugar en una oficina contigua a la del ministro.
El abogado patrocinante Alberto Nallar resaltó que las imputaciones deberían alcanzar a las cuatro mujeres para empezar a dar respuesta, por la gravedad de los delitos que se han cometido y que se están demostrando. La denuncia de esa trabajadora que salió a la luz, fue el impulso para que los trabajadores de esa repartición se sinceren y reconozcan lo que viven y padecen y empezar a llamar las cosas por su nombre.
Ahora se conoció la denuncia presentada ante el propio gobernador el 3 de abril de este año por acoso sexual y maltrato laboral contra el Ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz por una trabajadora de la Dirección Provincial de Buenas Prácticas Laborales y Violencia Laboral, aunque suene paradójico.
Un ministro al acecho
La empleada relata que su situación laboral es precaria ya que está contratada bajo la modalidad de locación de servicios, es decir se la obliga a facturar como monotributista –como una trabajadora independiente- cuando en realidad se desempeña en relación de dependencia. En consecuencia no tiene cobertura social y se la priva de muchos adicionales con los que cuentan otros empleados, tampoco cobra un aguinaldo. Esta situación vulnerable dio lugar a distintos hechos de acoso por parte del Ministro Jorge Cabana Fusz según se relata en la nota presentada en gobernación.
En ocasión de caducar su contrato en 2017 de acuerdo a la descripción de la trabajadora, el Ministro le comentó que el Gobernador no iba a firmar la renovación de ninguno pero que como él era “amigo de su padre” realizaría gestiones particulares para conseguir el nuevo contrato. La instó a que lo siguiera yendo a ver por el tema y a continuación la invitó a salir y a encontrarse fuera del horario laboral. Invitación que la empleada rechazó. Las propuestas del ministro se repitieron como las citaciones a su oficina con distintas excusas, en especial para hablar de un posible aumento de sueldos.
En agosto se les pagó, en forma de viáticos el aguinaldo a otros empleados contratados bajo similar modalidad que la denunciante. Como ella no lo percibió , elevó el reclamo al Ministro Cabana Fusz, quién le respondió: “vos sabés lo que tenés que hacer para tener aguinaldo”, y agregó que si salía con él le iba a dar todo lo que ella quisiera. A esas alturas, el repetido acoso por parte del funcionario, sumado a la inestabilidad laboral y baja remuneración le provocó a la trabajadora problemas de salud como insomnio, fuertes dolores de cabeza y una profunda angustia, según expresa en la denuncia.
Con motivo de un aumento de sueldo en septiembre de 2017, Cabana Fusz convoca nuevamente a la empleada y le expresa “Viste lo que hice? Les aumente a todos por vos, era la única forma que tenía para darte una mano”, y además le ofrecio que a cambio de una salida le daría parte de su sueldo para ayudar a la manutención de la hija de la trabajadora.
En diciembre de ese año, se repitió la falta de pago de aguinaldo. La denunciante acudió a reclamarlo al despacho del funcionario quien exaltado le gritó “vos sos una pendeja de mierda y no me vas a venir a decir como son las cosas, a vos no te doy aguinaldo porque tenés un contrato distinto al de los demás.” Aunque finalmente ante consulta a la Subsecretaría de Trabajo se le otorgó el aguinaldo en forma de viáticos, la reunión concluyó con un grosero improperio por parte de Cabana Fusz para la mujer: “vos tenés que mamarla antes de pedir algo”.
Según resume la nota presentada por la trabajadora a Gerardo Morales “La mecánica es siempre la misma, ofrecimiento de una mejor situación económica y/o laboral a cambio de aceptar sus ofrecimientos de salir y tener encuentros sexuales, ante mi negativa y pedidos de que se ubique, paso a ser irrespetuosa, por lo que acude a actos de violencia, ya sea con gritos, humillaciones de todo tipo, etc. Al momento de renovar contratación se repite el acoso con la presión de quedar sin trabajo y sin sustento para mi hija.”
La tiendita del horror
El 29 de noviembre pasado una veintena de trabajadores del Ministerio de Trabajo también presentan nota ante la gobernación, en ella solicitan al gobernador que de manera urgente “arbitre los medios que considere pertinentes para que cesen los graves hechos de violencia laboral que venimos sufriendo por parte del Sr. Ministro de Trabajo y Empleo Jorge Cabana Fusz, su nuera la Subsecretaria de Fiscalización de buenas prácticas y Relaciones con la Sociedad Civil, Agustina Mulqui y jefa de recursos humanos Lucía Mulqui, siendo cómplice y conocedora de todos los movimientos María José Chara.”
En la presentación los estatales denuncian “que los hechos de violencia laboral suceden de manera constante y reiterada en nuestro ámbito de trabajo, entre ellos podemos nombrar: Malos tratos, gritos y humillaciones. Amenazas de despidos. Persecución, hostigamiento. Despidos sin causa de personal idóneo para reemplazarlos por punteros políticos. Acaparamiento de todas las funciones del ministerio. Trato Desigual. Privilegios excesivos para el círculo íntimo y familiar. Irregularidades en la registración laboral (trabajo en negro) y precariedad. Abuso de autoridad. Agresiones verbales y físicas. Incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Acoso sexual.”
La presentación es motivada por el temor de la pérdida de fuente laboral y la “sensación de vulnerabilidad constante, ya que se ven violados nuestros derechos laborales y humanos. Así mismo tememos por nuestra integridad física y psíquica ya que estos hechos se tornaron habituales y aumentan día a día.”
Los trabajadores expresan que el detonante para la presentación fue la situación sufrida por una compañera en la que fue víctima de graves agresiones verbales, físicas, amenaza de despido, privación ilegítima de la libertad y sustracción del teléfono.” Aluden así a la agresión sufrida por una trabajadora por parte de cuatro funcionarias mencionada al comienzo de esta nota, presentación patrocinada por el letrado Nallar.
Además de estos hechos de violencia y acoso laboral, el Ministro Jorge Cabana Fusz también ha sido denunciado a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación por los gastos de esa cartera supuestamente destinados a costear consumos personales de su familia Aún se espera una auditoría por esta presentación. En este caso el delito sería malversación de fondos del estado particularmente en ese Ministerio de Trabajo.
La violencia institucionalizada en la tierra de la “Paz, Unión y Trabajo”
Los testimonios presentados parecieran de una película de terror, pero así es la realidad de varios trabajadores jujeños que se desempeñan en la administración pública. Sus denuncias y el pedido de justicia no consigue respuesta significativa desde el Poder Judicial y tampoco desde el gobierno de la provincia. Las y los denunciantes enviaron notas dirigidas al Gobernador y no tuvieron respuesta, ni se iniciaron actuaciones administrativas. Gerardo Morales conoce esta grave situación que viola la integridad de las y los trabajadores jujeños pero no interviene, ni toma medidas, de hecho el Ministro fue recientemente confirmado en su cargo, por lo tanto es su cómplice.
El abuso de autoridad termina convirtiéndose en una característica predominante de esta gestión, y es nada menos el Ministerio de Trabajo, órgano que debe supervisar y garantizar el cumplimiento de los derecho de los trabajadores,el que está corrompido. Si estos aberrantes hechos de violencia laboral y acoso sexual ocurren nada menos que en la Dirección Provincial de Buenas Prácticas Laborales y Violencia Laboral, ¿que cuidados pueden esperar el resto de los trabajadores jujeños de parte de un gobierno que ejerce la violencia?
El Fiscal especializado en Violencia Familiar, de Género y de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Bosatti debería actuar de oficio ante esta situación, pero aún no hay respuesta.