El reencuentro de los carceleros de Milagro Sala

La llegada de Gerardo Morales en el 2015,  marcó un antes y un después para las organizaciones sociales y políticas de Jujuy: la aplicación de un nuevo Código Contravencional , el 1° de enero de 2016 aprobado en el gobierno de Eduardo Fellner, en su momento cuestionado por legisladores radicales para que vuelva a comisión y sea socializado el proyecto con organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, fue aprobado,

Ese Código, que se publicitaba como carta de convivencia, paso a ser la persecución y hostigamiento constante a quienes se manifestaran en las calles, el caso paradigmático fue el de Milagro Sala. El disciplinamiento que se inicio con causas armadas usando el código contravencional, y luego causas penales a opositores fue la dirigenta social de la Tupac Amaru, también varios funcionarios opositores con causas penales entre ellos el ex gobernador Eduardo Fellner.

Todo esas detenciones, persecuciones dejaron entrever como el Poder Judicial actuaba conforme a los caprichos del conductor del Ejecutivo. Ocho años después, los hacedores de este andamiaje se reencuentran premiados y presentándose oficialmente: Ekel Meyer, Sergio Lello Sánchez y Patricia Bullrich.

El 16 de enero último se cumplieron 8 años de la detención de la referente de la Tupac Amaru: en 2016, casi un mes después de haber asumido la gobernación Morales, en horas del mediodía, un importante operativo policial se desplegaba en las inmediaciones del domicilio de Sala en el barrio de Cuyaya. Señalada de participar del acampe frente a Casa de Gobierno, la lideresa era detenida. Lo llamativo fue la presencia del ministro de Seguridad, Ekel Meyer, lo que marcó un claro mensaje político a dirigentes.

La aprehensión de Milagro Sala se justificaba con la aplicación del nuevo Código Contravencional, promovido y redactado por Lello Sánchez, quien pasaría a ocupar un órgano extrajudicial creado a su medida, el Ministerio Público de la Acusación.

A nivel nacional, se aplicaba la misma política de persecución y hostigamiento, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, hacía lo propio contra manifestantes.

Pasaron los años y lo que comenzó como una causa contravencional, se convirtió para la dirigente social en un entramado judicial sin fin: el 29 de enero de 2016, el juez Raúl Gutiérrez ordenaba la excarcelación de Sala, aunque esto nunca se cumplió, se abría en su contra otra causa por defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita. Conocida como “Pibes Villeros”, fue el inicio del armado sucesivo de expediente judiciales.

Concluido los 2 mandatos de Morales, Milagro Sala continúa privada de su libertad, pese a las múltiples denuncias de lawfare y que hasta organismos de derechos humanos internacionales pusieron en debate por la arbitrariedad y las condiciones de detención de la lideresa.

Todo esto es posible por la continuidad de los carceleros de Milagro Sala en la esfera de poder: Sergio Lello Sánchez como Procurador General del MPA y EkelMeyer como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia desde el 1º de enero del 2024.

El día lunesambos se reunieron con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, cargo que también supo ostentar por aquel 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro tuvo como eje abordartemas referidos a la gestión judicial y a la seguridad.

En relación a los temas que competen al área que maneja Bullrich, se planteó la decisión de instalar en La Quiaca un Juzgado de Control y una Fiscalía de investigación penal preparatoria con losrespectivos concursos en lo inmediato. El objetivo señalado por los funcionarios jujeños es de optimizar la lucha contra elnarcotráfico, trabajando coordinadamente con las fuerzas de seguridad nacionales y con elesquema, ya en funcionamiento, de equipos conjuntos de fiscales federales y fiscalesprovinciales.

Por otra parte, según indicó la prensa del poder judicial provincial, también se interiorizó a la ministra “sobre la exitosa implementación del nuevoCódigo Procesal Penal de la provincia, muy similar al Código Procesal Penal Federal, asícomo los beneficios de la transformación de las prácticas del sistema inquisitivo a nuevasdel sistema adversarial, así como las modalidades de litigación en audiencias en laprovincia. Los cambios brindan mayor celeridad en la lucha contra el narcomenudeo”, detalla en parte.

Tal como supieron denunciar organismos de derechos humanos, Jujuy se convirtió en el laboratorio social de la implementación de la política persecutoria, así lo deja ver la nueva Constitución reformada, con la cual se puede trazar un paralelismo con el protocolo antipiquetes de Bullrich.