Amnistía Internacional repudió las declaraciones del ministro de Justicia sobre la identidad de género

“Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”, indicaba el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona en medio de una exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados sobre las políticas del gobierno nacional para abordar la problemática de la violencia de género y sobre el cierre del Ministerio de la Mujer, frase que fue repudiada por Amnistía Internacional, que consideró que con ello el funcionario promueve discursos de odio.

“Demuestra un notorio y alarmante desconocimiento del marco legal vigente y de los compromisos internacionales, a la vez que promueve discursos de odio y discriminación contra mujeres y diversidades”, apuntó el organismo en un comunicado, en el cual también hizo foco sobre la poca claridad que aportó el funcionario respecto a las políticas que adoptó el gobierno de Milei para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales y destacó “el ministro emitió declaraciones de suma gravedad institucional que promueven la violencia y el odio contra las personas de la comunidad LGBTIQ+”.

Exponiendo que la gestión castigará “la violencia sin género”, Amnistía Internacional recordó que existe un marco normativo vigente, además de señalar que con estas expresiones de Libarona se desconoce “la problemática estructural de la violencia de género y su impacto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, niñas y diversidades”.

“Es inaceptable que el ministro de Justicia de la Nación posicione su mirada personal y subjetiva por encima de lo que establece nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. El Estado argentino reconoce los derechos de todas las personas a la libertad y dignidad en igualdad de condiciones, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. A su vez prohíbe la discriminación, el odio, la persecución y la violencia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En esa dirección, el documento destaca que el Estado está obligado a “garantizar y promover la igualdad real de oportunidades para las mujeres y personas LGBTIQ+. Diversas leyes establecen la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres como así también el deber de garantizar el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género, a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”.

Por otra parte, AI refirió sobre el desmantelamiento de políticas de género a pesar de los índices de violencia, que siguen siendo preocupantes: “en 2023, se registraron 272 femicidios, uno cada 32 horas, conforme los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se registró que el 53% de las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar fueron mujeres, mientras que el 38% de las víctimas correspondían a niñas, niños o adolescentes”.

Y agregó “de acuerdo con datos de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), entre 2016 y 2021, el 90% de las víctimas de violencia sexual en Argentina fueron mujeres”.

Así, el organismo destacó “el gobierno actual ha decidido recortar y limitar programas esenciales. Es la primera vez en 37 años que la atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en Argentina, marcando un retroceso significativo en la lucha por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI+”.

Un ejemplo de este ajuste en el área es “la reducción del alcance del Programa Acompañar, una iniciativa clave que busca promover la autonomía de mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo por violencia de género. Bajo la nueva gestión, el período de apoyo económico se redujo de seis a tres meses, y se impuso la obligatoriedad de acreditar una denuncia penal o judicial, además del informe social que acredite el riesgo, para poder acceder a este beneficio. Estas nuevas restricciones limitan significativamente el acceso a una herramienta clave para mujeres en situación de extrema vulnerabilidad”.