En un comunicado, la AFIP informó que recaudó 223.000 millones de pesos por el pago del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas en la ley votada en diciembre para paliar los efectos de la epidemia de la covid-19. “La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, aseguró la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El aporte fue de 2 por ciento de los patrimonios de las personas físicas que habían declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley una fortuna de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevó al 2,25 por ciento en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando es de 600 a 800 millones. La tasa sube al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3,5 por ciento.
La gran mayoría pagó
En el debate que se llevó adelante en el Congreso a fines del año pasado el gobierno informó que preveía recaudar 307.000 millones de pesos. Fuentes de la AFIP se mostraron muy conformes con los resultados porque, pese a la resistencia de algunos sectores, hasta ahora embolsaron el 73 por ciento del monto proyectado y afirman que el 80 por ciento del universo potencial de contribuyentes cumplió con sus obligaciones.
En el organismo estiman que el 20 por ciento que no cumplió equivale a unas 3000 personas, de los cuales solo unas 200 presentaron una demanda en la justicia para no pagar el aporte. El listado incluye a los accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro; a Alejandro Julio Saguier, de la familia propietaria de La Nación; Constancio Vigil, heredero del ex dueño de editorial Atlántida; a Inés Bengolea, familiar de la fallecida Amalia Fortabat; a Milagros, Sebastián, Matías, Marcos, Fátima, y María Candelaria, parientes de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri; a Mario Rovella, de la constructora Rovella Carranza, que figura en la causa Cuadernos; a los empresarios Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian; y al futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez; entre otros.
Después están los que simplemente decidieron no pagar, pero no judicializaron, tal vez porque tienen la expectativa de que no serán alcanzados por el radar del organismo recaudador. En respuesta a esos ciudadanos, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”. “Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, agregaron.
¿A dónde va el dinero?
Desde la administración tributaria remarcaron que, de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte solidario y extraordinario serán destinados directamente a financiar los siguientes rubros:
1) Alrededor de 45 mil millones de pesos, equivalente a un 20%, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
2) Una suma similar, otro 20% de los ingresos preliminares del aporte, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
3) A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20%. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
4) Más de 33 mil millones de pesos, o un 15% de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
5) Cerca de 55 mil millones de pesos, el 25%, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de la compañía estatal IEASA (ex Enarsa).
La ley 27.605, aprobada en diciembre del año pasado, estableció que el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados.
El organismo que conduce Marcó del Pont aclaró que “las estimaciones sobre el destino de los fondos son preliminares ya que la AFIP continuará con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas”. “Asimismo, se espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte”, concluyó.
Fuente: Página 12
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