Apenas consagrado como presidente electo, Javier Milei comenzó a delinear algunas de las políticas que llevará a cabo bajo su gestión de gobierno y sostuvo que entre otras medidas privatizará los medios públicos, alarmando a sus trabajadores, pero también a organismos internacionales que consideraron que con el traspaso al sector privado solo representa un retroceso democrático.
Fue la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) la que expresó su “rechazo a la amenaza de privatización a los medios públicos argentinos” al considerar que “la amenaza de privatización a los medios públicos argentinos al ser un retroceso democrático en términos de pluralidad, diversidad, representatividad, visibilidad”.
Asimismo, el comunicado que fue lanzado este jueves apuntó que dicha privatización “constituye una regresión a los derechos de las audiencias y un repliegue para la participación ciudadana” donde el Estado “prescinde de su responsabilidad por promover, difundir, garantizar, proteger” el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión “al dejarlo en manos de la concentración mediática comercial”.
Por otra parte, la OID explicó que estos medios “brindan acceso a la información, al entretenimiento y a la cultura para la ciudadanía, cubriendo desiertos informativos tanto territoriales como de contenidos, al no priorizar el interés lucrativo frente al interés general de la población para tomar decisiones y participar de la vida democrática”.
En ese sentido, consideró que si bien el sistema de medios públicos que en Argentina lo integran Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia de noticias Télam tienen financiamiento estatal “de ninguna manera esto les convierte de inmediato en instrumentos propagandísticos al servicio del poder político o partido en turno”, tal como lo insinuó en recientes declaraciones el presidente electo.
En el documento, refirió también que tal como se planteó en el comunicado del Observatorio del Código de Ética de Radio Nacional y de la Televisión Pública Argentina, “los medios públicos son un patrimonio irrenunciable de los argentinos y en la medida en que existan medios de comunicación no privados, no comerciales y tampoco con fines gubernamentales donde la información “tenga valor por sí misma, no apenas como mercancía, podrán fortalecerse las democracias escuchando otras voces, conociendo otras miradas y compartiendo distintas realidades”.
“De lo contrario, en un modelo lucrativo hegemónico perderían su lugar en los medios de comunicación”, finalizó.
La OID nuclea organismos dedicados a la defensoría del público de países latinoamericanos, y en su acta de creación explica que dentro de los objetivos de la organización está realizar “una labor mediadora y pedagógica destinada tanto al público de la radio y la televisión como así también a quienes son sus licenciatarios, concesionarios y trabajadores” y a su vez ser “receptores de quejas, reclamos y sugerencias”, así como generar “una base de datos con leyes, disposiciones reguladoras, fallos judiciales que sirvan como fundamentos” y la “realización de investigaciones a escala regional” entre otras tantas tareas.
“OID considera imprescindible fortalecer lazos entre las Defensorías de las Audiencias de América Latina y otras instituciones comprometidas con el desarrollo de la comunicación audiovisual desde la perspectiva de los derechos humanos”, refieren en su acta de creación.
Fuente: Télam