Tal vez, en lo que sean sus últimos meses dentro de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso no deja dar la nota sobre el resultado de su gestión frente al organismo que debe garantizar la transparencia en el Estado como de sus funcionarios, es que ahora, la propia justica condenó a esa dependencia a presentar en un plazo de 15 días, información y documentación para que se audite su funcionamiento.
La decisión fue tomada por el juez Enrique Lavié Pico, quien consideró que la posición tomada por Laura Alonso no respeta los cánones básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública. “La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia”, afirmó al juez, invocando un fallo de la Corte Suprema.
Es que desde hace un año, la titular de la OA evade los pedidos de información y documentación requerida desde la Auditoria General de la Nación (AGN), quien tiene la potestad de analizar el desempeño de los organismos públicos, incluido ese organismo.
Por ello, la resolución del juez enumera todos los pedidos y reiteraciones que hizo la AGN así como las excusas con las que respondía la OA para eludir la respuesta. El organismo dirigido por Alonso decía que antes de contestar quería “las preguntas de los cuestionarios correspondientes al relevamiento inicial”. Pedía “información sobre el proyecto de auditoría, en especial se informen los objetivos, el alcance de los trabajos, los criterios y procedimientos que se van a ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar”. Llegó a decir también que los requerimientos eran difusos ya que “lo requerido podría hacer referencia a una diversidad de datos, registros e información tanto estadística como sustancial, de alrededor de 4000 actuaciones”. La AGN advirtió que alteraba los roles de “auditor y auditado” y que “dilataba” intencionalmente sus respuestas.
De esta manera, la justicia responde a las denuncias de la AGN contra la OA que dirige la macrista Alonso, luego de varios meses de poner excusas y trabas para evitar el control de esa repartición dependiente del Ministerio de Justicia.
Recordemos, que La OA tiene por función principal controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos e impulsar denuncias sobre corrupción.
Desde que asumió ese cargo, Laura Alonso se vio involucrada en varias polémicas. La primera, es que en realidad, no cumplía con el requisito de poseer título de abogada, puesto que es Licenciada en Ciencias Políticas. Para poder asumir, desde el oficialismo, del cual es parte, se modificó este punto.
Además, al ser parte del gobierno, Alonso no debería ocupar ese cargo, ya que le corresponde a una figura de la oposición.
Por último, Alonso, quien siempre está atenta a los posibles casos de corrupción del gobierno anterior, expresó públicamente que la OA no acciona en contra de las causas que investiga la justicia por casos de corrupción del gobierno de Mauricio Macri.
Hasta el momento, la AO de Alonso nunca pudo se auditada, a pesar que la evaluación fue aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso, que es la que instruye a la AGN, como parte del Plan Operativo Anual 2018.
Lo que la OA no quiso entregar hasta ahora es un listado de sus manuales de procedimiento y guías de trabajo y, además, detalles de su labor entre 2016 y 2018, con las listas de denuncias presentadas ante la justicia, la de las denuncias recibidas y su estado actual.
Fuente: Página 12