La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en una política contraria a la impuesta por su antecesora, decidió derogar 4 protocolos de seguridad, entre los cuales se encuentra la llamada doctrina Chocobar, además de inhabilitar el uso de pistolas eléctricas Taser.
Bajo la Resolución 1231/2019, desde el ministerio dejó sin efecto, además, el Servicio Cívico Voluntario y el programa para pedir DNI en los trenes.
El documento, respecto a la doctrina Chocobar, explica que con esa reglamentación se excedía los criterios impuestos” por la normativa y se “alejaba del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”.
Para Frederic, en el reglamento de la ex ministra “subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa, vulnerando sus exigencias y alcances al amparo de una justificación que pretende fundarse en el deber policial de hacer cumplir la ley”.
En la misma línea, la resolución recordó una recomendación de la ONU de un Congreso realizado en 1900 en La Habana, donde se estableció que los funcionarios policiales y de seguridad deben “utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de armamento letal, autorizando su uso sólo cuando otros medios resulten ineficaces” y que deben “hacer cumplir la ley deben en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”.
Pero además, la Resolución 1231/2019 resaltó que “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Por otra, en la misma norma, también se desactivó el permiso “precipitado” para que los policías utilicen las pistolas de descarga eléctrica Taser. “El arma electrónica ‘no letal’ podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”, detalló.
También anula el Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de la Gendarmería, ya que “el diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas” a esa fuerza “no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio” para jóvenes de 16 a 20 años.
Se agrega que se deja sin efecto el “Programa Ofensores en Trenes”, que habilitaba a solicitar DNI a cualquier persona en ámbitos del transporte público de pasajeros para constar algún delito por el simple hecho de parecer un sospechoso. “Es una medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”, consideró la nueva ministra de Seguridad y alertó que ese Programa es una “herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”.
Por último, se dio marcha atrás con la cesión de los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística de Chapadmalal para armar allí un Centro de Formación de Gendarmes porque “no es adecuada” esa política “en el marco de una política pública de seguridad democrática, anclada en valores nacionales, populares e inclusivos”.
Fuente: Ámbito.com
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