Denuncian que el gobierno de Milei no pagó más de un millón de programas Potenciar Trabajo

Tal como lo había señalado el Ministerio de Capital Humano, este martes debía liquidarse el último salario del Potenciar Trabajo antes de su eliminación, pago que denunciaron que no se hizo: más de un millón de beneficiarios y beneficiarias no les fue depositado el dinero en sus cuentas.

Así lo informó la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- que advirtió de la irregularidad, por lo que se declararon en estado de alerta y movilización.

“Denunciamos la decisión del gobierno nacional y la ministra Pettovello de no pagar el Potenciar Trabajo a más de un millón de personas y nos declaramos en estado de alerta. Si no se efectúa el pago tomaremos medidas de fuerza para defender el ingreso de las y los trabajadores”, advirtieron desde la organización.

Por su parte, desde el ministerio indicaron que el plan iba a ser acreditado durante la jornada del martes, por los que era posible que sus beneficiarios y beneficiarias no vieran el depósito en sus cuentas bancarias.

El programa contempla a más de un millón 200 de personas, por lo que la denuncia de la UTEP indica que la cartera que maneja Sandra Pettovello -que nuclea las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de Cultura- directamente compromete a todo el universo de beneficiarios y beneficiarias del programa que ya se dejó sin efecto (mediante el decreto 198/2024, publicado en el Boletín Oficial) y que a fines de febrero ya se había anunciado su eliminación.

Desde la cartera argumentaron que el Potenciar Trabajo presentaba “ineficiencias” y por ello, se lo iba a remplazar por otros dos programas: Volver al Trabajo (para personas entre 18 y 49 años) y Acompañamiento Social (para personas de 50 y más años). Las contraprestaciones manejarán los mismos montos que el Potenciar Trabajo.

Sin embargo, la idea del gobierno de Javier Milei es eliminar los intermediarios para la entrega de los planes sociales, es decir, las organizaciones sociales, tal como lo es la UTEP, aunque gobiernos provinciales también distribuyen parte de ellos.