El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundió hoy un informe en el cual concluyó que desde que asumió Mauricio Macri 4500 periodistas en todo el país perdieron su fuente de trabajo.
Aprovechando la celebración del día del periodista, el sindicato indicó que “desde 2016 se perdieron por lo menos 3.127 puestos de trabajo registrados, solo en la Ciudad de Buenos Aires. De esos, 990 ocurrieron durante 2018 y 288 en lo que va de 2019”. A nivel nacional, el número asciende a los 4500, e “implica la pérdida de aproximadamente un 30 por ciento de los puestos de los trabajadores y las trabajadoras bajo Convenio Colectivo”.
Además, esta pérdida de la fuente laboral, trae consigo aparejada la precarización laboral. SiPreBA destaca que "los empresarios aprovechan la situación crítica para precarizar periodistas bajo la figura de colaboradores y free lance. Es así que violan el Estatuto del Periodista Profesional, con la complicidad del Estado: por acción u omisión de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Medios Públicos encabezada por Hernán Lombardi, del ENaCom o de la Jefatura de Gabinete, según el caso".
Por otra parte, el trabajo también dio cuenta de los ataques a la libertad de prensa por parte del aparato represivo del Estado nacional: "desde 2016 a esta parte hubo 28 detenidos y 55 heridos por balas de goma", detallaron.
Colectivo de comunicadores sobre el rol del periodismo
El colectivo de Comunicadores de la Argentina (COMUNA) publicó hoy un comunicado sobre los desafíos de realizar el oficio del periodismo en un contexto de pérdida del empleo, la precarización laboral y la concentración de los medios de comunicación.
Titulado “hay que recuperar el sueño de la comunicación democrática” Comuna plantea el desafío de recuperar el debate sobre un sistema democrático de medios, negado sistemáticamente por el macrismo, que con sus políticas degradó como nunca antes la actividad periodística.
A continuación, el comunicado:
La pérdida de entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo en los medios de comunicación desde diciembre de 2015 representa un condicionamiento gravísimo para el ejercicio libre y responsable de la profesión, a lo que se suma el deterioro salarial. El impacto en la calidad del producto periodístico es directo y hace que el país carezca de la información y opinión que respete los estándares mínimos de la vida en democracia.
Pero esta es solo una parte del problema. El macrismo se apresta a concluir su período dejando al país bajo el gravísimo peligro que para la libertad de expresión, el pluralismo y el acceso a la información representa la conformación de un gigantesco pulpo, el que surge de la fusión Clarín-Telecom, capaz de dominar y de transmitir un discurso único a través de diarios, televisión, radios, revistas, medios digitales y aplicaciones tecnológicas, mediante la provisión de servicios de internet, telefonía móvil y telefonía fija.
El gobierno avanzó de facto con este plan y para eso ignoró la promesa que hizo apenas asumió, cuando modificó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para favorecer a Clarín, mientras anunció el envío de un proyecto nuevo, en aras de la “convergencia”. Como muchos expertos predijeron, jamás cumplió, aunque sí desplegó unos fuegos de artificio, rondas de exposiciones y consultas cuyos resultados estaban descartados de antemano por los y las jerarcas del Enacom.
Este organismo, en el que el gobierno se aseguró un régimen de mayoría automática, corrompiendo el espíritu de la Ley 26522, pone la firma para las resoluciones que dicta Clarín mientras ataca a los medios comunitarios, cooperativos y populares.
La norma vigente obliga al Estado a realizar anualmente concursos para fondos de fomento a medios comunitarios y populares, pero el Enacom viola la disposición y está pagando, en 2019, los concursos de 2017, sin actualizaciones por la inflación galopante que la política gubernamental provoca.
Asimismo, convoca a concursos para nuevas licencias de radio y televisión cuidándose de proteger los negocios de las empresas privadas de medios, grandes aliadas del macrismo. Esta inclinación se evidencia en que del total de los medios que tenían permisos provisorios y que Enacom normalizó, el 95 por ciento son del sector comercial.
Teniendo a Clarín y otros grupos privados como sustento para haber alcanzado el poder político, atacar permanentemente a la oposición -que es a menudo censurada-, desconocer la conflictividad social y apoyar ahora el plan reeleccionista, el macrismo se permite mantener su ataque incansable para destruir el sistema de medios públicos.
El jerarca a cargo, Hernán Lombardi, lleva la marca de haber hecho desaparecer a Radio Nacional de las mediciones de audiencia y la proeza del registro de 0.0 para la TV Pública, a la que vació de contenidos y le impide informar durante los fines de semana. Las y los trabajadores del Canal denunciaron reiteradamente la ubicación de comisarios políticos para manipular contenidos y línea editorial, ya una tradición por parte de Lombardi y sus colaboradores, con expresiones patéticas como las que pronunciaron apenas pusieron un pie en Radio Nacional y lanzaron la persecución contra periodistas por no adherir ideológicamente al macrismo.
Junio, el mes del día del periodista, será también el del primer aniversario de los despidos masivos que Lombardi y su camarilla aplicó en Télam, donde alrededor de 150 trabajadores y trabajadoras siguen sin contar con fallo definitivo a sus acciones cautelares ante la justicia por la preservación del puesto de trabajo. Las y los trabajadores cuentan con fallo favorable en primera instancia, pero el trámite se traba en los tribunales de alzada por manifiesta presión gubernamental.
Días oprobiosos para el periodismo argentino, también por la causa judicial en la que se investiga el accionar de grupos integrados por fiscales, espías, diputados y periodistas y sus medios, para manipular causas judiciales con fines políticos y económicos, y lanzar campañas de difamación y amedrentamiento de personas.
Es por eso que la iniciativa que está planteando en estos días la Coalición por una Comunicación Democrática representa un aliento: esta unión de emisores populares, sindicales, cooperativos y comunitarios, músicos y realizadores, comunicadores y académicos, declara que el sector de las comunicaciones audiovisuales y de servicios TIC está en emergencia en la Argentina.
La Coalición reivindica principios que el macrismo arrasó, y que las y los trabajadores de la comunicación necesitan recuperar para incluir el tema en la agenda de los candidatos presidenciales y en un gobierno que se proponga reestablecer los estándares democráticos en este y otros sectores.
En este 7 de junio se confirma que la Argentina debe recuperar el debate para que un sistema de medios de la democracia consagre a la comunicación como derecho humano esencial.
COMUNICADORES DE LA ARGENTINA, 7 de junio de 2019