El congreso rechazó los DNU de Macri

La oposición parlamentaria se abroqueló contra al “avasallamiento de las facultades del Congreso” que, entienden, realiza el gobierno de Mauricio Macri a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia (DNU).

El voto del presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (FpV-PJ), rompió la paridad de ocho legisladores del oficialismo y de la oposición, y dio dictamen de mayoría al rechazo de tres decretos de Macri: el que estableció la extinción de dominio a través de una acción civil sin condena penal para bienes de narcotráfico y corrupción; el que quitó frecuencias destinadas por ley a ARSAT para destinarlas a las empresas privadas de telefonía celular; y el que degradó la Secretaría de Deportes en una Agencia descentralizada y autárquica eliminando otras cuatro leyes nacionales sobre el deporte.

La oposición buscará ahora que los dictámenes lleguen a los recintos de ambas Cámaras para rechazar los DNU y terminar con su vigencia. El único decreto del Ejecutivo que prosperó ayer fue el de legislación delegada que en enero aumentó hasta 1.300.000 pesos el valor de los automotores exceptuados del impuesto adicional del 20 por ciento.   

La asistencia fue perfecta. Los 16 legisladores (8 senadores y 8 diputados) que integran la Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo estuvieron en el Salón de la Banderas del Senado a la hora señalada, con algunos reemplazos entre sus integrantes para evitar ausencias.

Por Cambiemos, la diputado Alejandro García reemplazó a Fernando Iglesias (PRO), y la senadora Silvia Giacoppo (UCR) ingresó por Miriam Boyadjián (Movimiento Popular Fueguino). En tanto, el diputado Eduardo “Wado” De Pedro suplantó a su compañero de bancada Máximo Kirchner por el FpV-PJ. Una señal de lo que estaba en juego.

El debate comenzó por un cuestionamiento reglamentario. Cambiemos le recriminó a Cleri que haya girado requerimientos a los presidentes de distintas comisiones de Diputados y del Senado sin el aval de los integrantes de la comisión. Un elemento con que Cleri buscaba demostrar que los DNU suplantan proyectos que están en debate y con los que el Ejecutivo saltea al Congreso. Los únicas comisiones que no contestaron los requerimientos fueron las que están en manos de Cambiemos en Diputados. 

El diputado macrista Pablo Tonelli asumió la defensa de los DNU, con apenas una descripción de los mismos y que cumplían los requisitos formales con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, girado en tiempo al Congreso, y justificó la “urgencia” en que el Congreso “estaba en receso” en enero. También dijo que el decreto 58/19 dispone que las frecuencias asignadas en forma exclusiva a Arsat, sean gestionadas por el Enacom para “ponerlas a disposición del mercado” y adjudicadas por concurso público. 

Defendió la extinción de dominio como “una acción civil independiente de la acción penal, a través de los tribunales federales en lo civil y comercial y con la creación de una procuraduría especializada”, que invierte la carga de la prueba (que el sospechado debe justificar) para recuperar bienes y dinero de delitos penales como narcotráfico y corrupción. Y argumentó que el DNU está en sintonía con los compromisos asumidos por la Argentina con organismos internacionales y criticó la demora parlamentaria para avanzar con una ley de extinción de dominio.  

Sobre la degradación de la Secretaría de Deportes en Agencia, Tonelli sostuvo que es darle una forma de un “organismo descentralizado y autárquico”, que “solo podrá vender bienes muebles y no inmuebles”, que dependen del Gobierno porteño.   

El senador Daniel Lovera, un peronista pampeano que integra el interbloque Argentina Federal, fue el encargado de replicar al oficialismo. “El Gobierno con este tipo de acciones no deja de sorprendernos”, arrancó Lovera y recordó que dos de los tres DNU cuestionados avanzan sobre el trabajo del Congreso y que el Senado dio media sanción a proyectos que se saltean los decretos: extinción de dominio, con claras diferencias con el decreto presidencial, y la adjudicación de las frecuencias es parte de la llamada ley corta de telecomunicaciones.

Sumó también que el DNU viola la ley que requiere de mayorías especiales para modificar el plan estratégico para industria estatal de telecomunicaciones.

Lovera remarcó que comparte con el oficialismo la intención de recuperar bienes y dinero producto de “mafias y delitos de corrupción”. Pero enseguida insistió en que el DNU de extinción de dominio “es inconstitucional” porque allí se establece que el Ejecutivo “no puede regular en materia penal, directa o indirectamente” a través de decretos. Además de cargar contra el DNU que “degrada el deporte nacional”.

La paridad en los integrantes de la Bicameral, dejaba abierta algunas dudas sobre los dictámenes. Cambiemos cuenta con ocho legisladores propios. La oposición divide representantes entre Argentina Federal y el Frente para la Victoria. El oficialismo especulaba con disidencia entre los opositores y el vuelco que podría dar la senadora salteña Cristina Fiore, en el interbloque del ex gobernador Juan Carlos Romero, y quien mantiene buena sintonía con Cambiemos. 

Sin embargo, Fiore se encargó de despejar rápidamente cualquier duda. “Hay que tener cuidado con los precedentes porque lo que hoy nos beneficia mañana puede perjudicarnos. El poder no es eterno”, sostuvo la salteña y agregó: “Lo que beneficia a todos los argentinos es el cumplimiento de la Constitución. La cuestión de fondo no viene al caso”. También cargó contra el DNU de extinción de dominio: “No es una acción civil descolgada, hay una íntima relación entre la acción civil y el proceso penal. Por más que se lo llame de otra manera no quiere decir que no tenga naturaleza penal”.

En el discurso final, el senador radical Luis Naidenoff buscó justificar el DNU de extinción de dominio, afirmando que el Congreso podría perfeccionar la norma pero reclamó la ratificación del decreto. 

Con ocho legisladores por bando, Cleri desempató como presidente de la comisión y los tres dictámenes de mayoría fueron de rechazo a los DNU. El desafío opositor será ahora llevar los dictámenes a los recintos de Diputados y del Senado para rechazar los DNU, que debe ser en las dos Cámaras del Congreso. Mientras tanto, los decretos seguirán vigentes.