El gobierno de Macri entrega bonos de 5 mil pesos a cambio de votos

El 3 de octubre, el gobierno de Mauricio Macri implementó un programa para pagar un bono de 5 mil pesos a personas desocupadas, para el cual destinó 650 millones de pesos, pero, la entrega de este beneficio se realizó de manera discrecional a los municipios de Cambiemos, por lo cual, se inició una investigación judicial.

Con la firma de Fernando Prémoli, secretario de Empleo y subalterno de Dante Sica, el 3 de octubre se oficializó la resolución 1177 donde se aprobó apartar un presupuesto máximo de 650 millones de pesos para ser destinado a pagar un bono de 5 mil pesos a un universo de 114 mil personas desocupadas.

Pero, dicho programa, fue destinado de manera discrecional a los municipios que son dirigidos por la gestión Cambiemos. La mitad de los subsidios clandestinos que destinó el Gobierno nacional a desocupados para ser canalizados por punteros propios en los últimos días, previos a la elección general, fue a parar a la provincia de Buenos Aires. Además, esto fue confirmado por los propios intendentes, que explicaron que desde el Ejecutivo nacional se les encomendó buscar entre los desocupados de cada distrito potenciales beneficiarios.

El escándalo trepó hasta llegar a la Justicia: el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, citó para hoy a declaración testimonial al autor de esta nota (Prémoli) para pedirle precisiones sobre la resolución interna y otras aristas del caso y abrió una investigación de oficio que promete destino de juicio oral sumarísimo.

En la política, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, evitó pronunciarse cuando fue consultada por las denuncias y el candidato a sucederla por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que la acusación “es de una gravedad increíble”.

En paralelo, en varios distritos hubo intendentes peronistas que se quejaron de que sus competidores de Juntos por el Cambio ofrecían este pago sin pasar por los mecanismos institucionales locales. También se produjo el caso inverso: dirigentes del Frente de Todos denunciaron que jefes comunales de Juntos por el Cambio como el de Pilar, Nicolás Ducoté, el de La Plata, Julio Garro o el de Morón, Ramiro Tagliaferro, hacían campaña con la promesa de bonos. Respecto de Ducoté, incluso, la jueza electoral María Servini de Cubría le ordenó cesar esas actividades.

Francisco Ratto, concejal y candidato a intendente de San Antonio de Areco por la oposición al actual jefe comunal, Francisco Durañona, confirmó en diálogo con una radio local que desde el Ministerio de Producción y Trabajo había sido contactado para “buscar” posibles subsidiados en el municipio y que a partir de esa tarea inscribió a 200 personas con un presupuesto total de un millón de pesos. Una y otra vez el entrevistador le preguntó por qué se encargaba de una labor que debería realizar el Ejecutivo nacional o local a través de áreas específicas a lo cual sólo atinó a responder que como concejal y dirigente estaba en condiciones de hacerlo.

Además de Areco hubo reportes similares de los intendentes peronistas de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, y del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, entre otros. Aunque las denuncias se pusieron en común en foros de intendentes peronistas hasta la semana pasada no había sido presentada una imputación judicial.

El trámite interno en Producción y Trabajo tuvo un primer antecedente que este diario pudo localizar el 25 de septiembre, como consta en una nota de ese día de la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales, a cargo de Tomás Aramburu, quien se dirige a Fernando Prémoli para pedirle la implementación del subsidio. El 2 de octubre el director de Promoción del Empleo, Julián Pascual, informa que la Dirección de Administración y Control Presupuestario hizo saber que era factible ponerlo en marcha mediante “la Partida 5.1.4” denominada “Ayudas Sociales a Personas” de Producción y Trabajo. Ese mismo día Prémoli lo trasladó a Asuntos Jurídicos que da el aval legal, y al día siguiente firmó la resolución 1177.

En los registros internos de la cartera a cargo de Sica figura una proyección de un total de 114 mil subsidios para desplegar en todo el país. En las planillas este diario constató una primera tanda de 105 mil bonos pedidos, de los cuales la ANSES rechazó 25 mil tras señalar que los potenciales beneficiarios no podían percibirlo por estar contemplado en alguna de las incompatibilidades: contar con un ingreso por un plan social, una jubilación o pensión o un programa para desempleados o de entrenamiento laboral.

La altísima proporción de bonos rechazados fue explicada por técnicos de la cartera laboral como propia del apuro y la desprolijidad desplegados por los funcionarios en la implementación contrarreloj del plan antes de las elecciones. Y, sobre todo, porque en muchos casos el pedido partió de punteros políticos sin contar con los resortes de información oficial de un organismo público.

Fuente: Ámbito.com