El gobierno de Macri traspasó las deudas de empresas eléctricas al Estado

Mientras la ciudadanía en general busca hacer magia para llegar a fin de mes, en el mejor de los casos, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a tomar medidas a favor de las empresas eléctricas, en este caso, le traspaso las deudas de las distribuidoras al Estado.

Se trata de deudas que estas empresas eléctricas distribuidoras mantenían con las compañías productoras, durante el periodo abril 2018 hasta abril de este año, por la variación de la moneda estadounidense.

La medida, que fue oficializada en el boletín oficial el pasado viernes 23, fue tomada por resolución de la Secretaria de Energía, encabezada por Gustavo Lopetegui, quien fue denunciado con anterioridad por “malversación de fondos públicos” por condonar una deuda millonaria a las empresas eléctricas Edenor y Edesur, además de ser indicado como responsable del histórico apagón.

Sin embargo, no es la primera vez que se intenta maniobrar a favor de las empresas. El ex Secretario de Energía, Javier Iguacel, mientras estaba frente a esa cartera ya había intentando traspasar esta deuda a los usuarios del servicio. En octubre de 2018, el funcionario había intentado transferir estos montos millonarios a las facturas a través del cobro de unas 24 cuotas, además del gasto del servicio. La medida fue muy cuestionada, por lo que tuvo que dar marcha atrás.

Pese a este revés, existe una resolución del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) desde 2018 que contempla el traspaso de los pasivos de las empresas a sus usuarios. La misma convalidó contratos de las distribuidoras con las productoras de gas en dólares, que debían pasar a los usuarios, facturados en pesos a precio dólar, así lo indicó el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal.

El especialista, además, informó "en diciembre de 2017, caducó la Ley de Emergencia Económica, razón por la cual el ENARGAS adquirió desde ese momento plenas funciones para regular y observar el precio al que las distribuidoras compraban el gas a las productoras a los efectos de proteger los derechos de los usuarios, evitando, en el marco del artículo 23 de la Ley del Gas, abuso de posición dominante y competencia desleal por parte de transportistas y distribuidoras"

Fuente: El Destape