El gobierno nacional limitó el accionar de la AFI en causas judiciales

El Gobierno publicó una resolución que limita la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "al mínimo de los casos posibles" para que se aboque "al estricto cumplimiento de sus funciones primordiales" en lo que hace a delitos complejos.

De esta manera, desde ahora, la tan cuestionada agencia de Inteligencia, según detalla la resolución insta a los jueces a no involucrar a la central de espías en investigaciones que no tienen que ver con el anti-terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos o amenazas al orden constitucional o la paz.

La decisión se produce en el marco de la intervención del organismo espía que determinó Alberto Fernández al iniciar su gestión y que lleva adelante Cristina Caamaño desde el pasado 21 de diciembre. Recordemos que en el discurso de su asunción como presidente, Fernández hizo hincapié en el funcionamiento de la AFI y había destacado que ya no iba haber recursos discrecionales para ese ente.

A través de la Resolución 17/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la funcionaria nacional que está a cargo de la intervención de, estableció que "los medios técnicos y humanos de la AFI se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional".

A la vez, dispuso "la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal" del organismo espía. La medida fue comunicada a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones, así como a la Corte Suprema y a la Procuración Genera, para que "apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI".

De esta manera, Caamaño pretende que el organismo espía se dedique a intervenir, cuando la Justicia lo requiera, en causas por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Fuente: El Destape

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