El Grupo Macri quiere ganar 3766 millones con el Correo

Por Irina Hauser para Página 12

El Correo Argentino, empresa del Grupo Macri, volvió a dejar en claro que no sólo no quiere pagar su deuda millonaria con el Estado o licuarla al máximo, sino que pretende salir ganando plata. En una nueva presentación en el expediente del concurso de acreedores señaló que está dispuesto a pagar lo mismo que debía en el año 2002, que son 296 millones de pesos, y 438 millones más sólo si gana los juicios donde reclama resarcimientos a las arcas públicas.

Es más, en un párrafo da prácticamente por hecho que para diciembre, a tiempo para cuando cambie el gobierno, conseguirá homologar un acuerdo. Según los cálculos de la fiscalía de Cámara, a cargo de Gabriela Boquín, la deuda al día de hoy asciende a 4500 millones de pesos, incluidos intereses a tasa activa. La empresa, queda claro, pretende pagar una ínfima porción, y cobrar más. El ofrecimiento debe ser evaluado por los representantes estatales, en este caso el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que tiene plazo para responder hasta fin de la semana que viene. Luego habrá que ver qué dice la Cámara Comercial.

La nueva presentación del Correo es la respuesta a un pedido de precisiones que hizo el Procurador, buscando manejar los tiempos de manera coincidente –una vez más-- con los intereses de la firma postal, lo que es desconcertante porque el Estado aquí es acreedor.

Hay dos datos que sorprenden del escrito: primero, empresa parte de la hipótesis de que para diciembre de este año quedará homologado el acuerdo que pretende; segundo, da por hecho de que para el año 2022 habrá ganado los juicios contra el Estado, al que pretende cobrarle cerca de 4000 millones de pesos que sostiene que le corresponden por resarcimientos derivados de la quita de la concesión de la explotación del servicio postal, que data de 2004. Como informó Página/12, el Correo le pidió al juez Enrique Lavié Pico –que ha tenido decisiones afines al oficialismo—que concentre todos estos expedientes donde la firma reclama compensaciones. Son once en total, tres de ellos los más relevantes.

Lo que queda en evidencia es que el Correo aspira a pagar, como muchísimo 734 millones de pesos y quedarse con una ganancia: una diferencia de 3.766 millones que supone que se le pagarán del erario público.

Un dato adicional es que los 296 millones de la deuda original el Correo pretende pagarlos con dinero de una cuenta que abrió en el expediente concursal el primer juez que intervino, hace años, Favier Dubois. Lo depositado en esa cuenta debería destinarse, según allegados al expediente, al pago a otros acreedores, entre ellos los trabajadores con los que el Correo mantiene deudas.

De hecho, la fiscal Boquín impulsó una investigación por retiros supuestamente irregulares que se hicieron de esa cuenta bancaria judicial en 2016 por montos direccionados hacia las controlantes SOCMA y SIDECO por presuntos pagos de alquileres y otros contratos. Fueron cerca de 10 millones de pesos, pese a que el Correo es una empresa declarada inactiva que en teoría no tenía nada que pagar. Esos retiros coincidieron con el momento en que se estaba por firmar el acuerdo que la fiscal Boquín denunció como “ruinoso y abusivo” ya que apuntaba a diluir la deuda en un 98,87 por ciento.

Lo que queda claro es que el Correo quiere a toda costa arreglar de la manera más conveniente con el Estado una fórmula de “pago” antes del cambio de Gobierno. Suponen que el panorama podría cambiar, y avanzar además las denuncias por de vaciamiento y desvío, además, de 35 millones de pesos durante el concurso de acreedores, lo que amplía las chances de una declaración de fraude concursal.

Además, es curioso que nunca se haya decretado la quiebra del Correo en 18 años pese a las circunstancias, y que un proceso concursal que no debería durar más de dos años, haya llegado hasta este momento. En todo este enorme lapso el cálculo de ajuste por interés para la compañía es del 215 por ciento, lo que en la realidad correspondería solo a los últimos tres años aproximadamente.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo debe definir en Comodoro Py si avanza con procesamientos en la causa penal, contra el ex ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Oscar Aguad, su ex titular de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, el actual titular del Correo, Jaime Cibiles Robirosa y el apoderado Jaime Kleidermarcher. Estos dos últimos son los que firman los escritos en el fuero comercial. El juez también tiene que analizar qué hace con otras de las personas denunciadas, entre ellas el propio Macri.