La acuciante situación que atraviesa la Argentina, con un alto nivel de pobreza y desempleo, plantea un desafío importante apenas asuma la presidencia Alberto Fernández, quien ya se reunió con refrentes de distintos espacios de la sociedad para concretar un plan que genere 4 millones de puestos de trabajo en un plazo de 5 años.
Se trata de un plan de fomento y sistematización de la economía popular, por el cual, el gobierno intentará reducir la pobreza a 10 puntos, generando demanda de mano de obra a través de distintos proyectos productivos.
En todos los casos, se trata de oficios con rápida salida laboral que garanticen al menos un salario mínimo y será la reformulación de los planes de trabajo, tal como se viene desarrollando hasta el momento.
En este plan el Estado no contratará a las personas, sino que será el facilitador entre empleadores y trabajadores. Según explicó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina (UCA) y creador de este plan “la idea es que desarrollen tareas y trabajos de alto impacto en materia de inversión en capital humano y capital social, en los barrios más pobres, e incluso que se desarrollen empresas sociales que brinden servicios a los sectores medios o a los sectores formales de las ciudades”.
El plan consiste en el desarrollo de miles de proyectos productivos en todo el país, coordinados desde el Estado y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, destinados a sistematizar múltiples actividades de la economía popular.
Las tareas pueden ir desde la producción de alimentos saludables para proveer a las escuelas y comedores hasta servicios de electricidad o plomería, o de cuidado de niños y personas mayores.
“Hay que pensar en un dispositivo institucional, que nosotros llamamos 'empleo mínimo garantizado', donde el Estado opere como garante de un empleo mínimo, no como dador de empleo público, sino como facilitador de un sistema que dé una remuneración equivalente a un salario mínimo” detalló el referente del ODSA.
Fuente: La Nación