En el día de ayer, el presidente prorrogó por cuatro años más la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspende, por el mismo plazo, la ejecución de sentencias sobre los respectivos litigios; a pesar de ello, legisladores y las propias comunidades esperan que la normativa sea aprobada en el Congreso.
Mediante el decreto 805, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo revalidó los plazos que fueron establecidos en la ley 26.160, y que en su oportunidad fueron extendidos por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400, sancionadas a tales efectos.
Al respecto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que "la prórroga de esta ley se realizó porque dicha extensión tenía media sanción del Senado y despacho de comisión de Diputados, pero como vencía hubo que hacer la prórroga por DNU antes del 23 de noviembre".
En ese sentido, el Lonko (jefe) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel, comentó a Télam que distintas organizaciones indígenas del país están en contacto para definir "una estrategia en común" respecto al DNU presentado por el Presidente de la Nación.
En ese mismo sentido, la diputada nacional por Jujuy, Carolina Moisés también apuntó a que sea el poder legislativo a que legitime la continuidad de la norma.
“La decisión del Presidente publicada hoy en el Boletín Oficial es una solución temporaria al tema, que despeja y alivia a quienes legítimamente tienen derecho al acceso a sus tierras y con la implementación de la Ley que estaremos sancionando serán censados y agregados al Registro Nacional de Comunidades que lleva el INAI”, indicó Moisés.
Para la legisladora sampedreña, “los tiempos parlamentarios propios del funcionamiento de la Cámara de Diputados estaban haciendo dificultoso que llegáramos a aprobar la sanción que viene del Senado, antes del martes 23 y lo que estamos priorizando es que pueda tener el tratamiento que corresponde”.
“Esta gestión del Presidente otorga el margen para que Diputados complete la sanción y que la caída de la vigencia de la Ley 26160 no signifique una dificultad con la gravedad que tendría para las comunidades”, dijo, no sin antes recordar que la normativa fue impulsada en 2006 nada menos que por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner”.
Y puntualizó: “No debemos olvidar nunca las sensibilidades que toca este tema toda vez que la identidad de las comunidades es asumir a la tierra como un bien social y cultural”. Por eso aseguró que “será fundamental que se complete la registración con un correcto relevamiento técnico jurídico y catastral de las comunidades y mientras tanto se prorrogue la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que ordenen el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan las comunidades”.
Además, Moisés subrayó “un verdadero orgullo ser parte de un proyecto político que desde la inspiración de Néstor Kirchner dispuso la primera política pública nacional que trata el derecho colectivo de los indígenas y por tanto es necesario que podamos volver a votar esta prórroga que dota de presupuesto al INAI para que se pueda avanzar con el relevamiento que necesitan las comunidades, de las cuales ya se avanzó con un total de 998 comunidades y restan censar 762, según las estimaciones oficiales”.
En esa línea, la exsenadora y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, destacó la importancia de la ley 26.160, que el DNU presidencial prorroga, y afirmó: "Es una ley valiente porque, ante los grandes intereses que existen por la tierra, protege a las comunidades indígenas de desalojos de su territorio, mientras se lleva adelante el proceso del relevamiento".
Información complementaria: Télam
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