El Frente de Todos hizo valer su mayoría en el Senado y aprobó con 42 votos a favor y 27 en contra la modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en la anteúltima sesión del período ordinario. En este contexto, quedará en manos de Alberto Fernández decidir si Diputados tratará en extraordinarias el proyecto que reduce el número de votos en la Cámara alta para designar al procurador y le quita el carácter de vitalicio al cargo.
Tras la media sanción, el Frente de Todos quedó más cerca de tener un nuevo procurador con acuerdo del Senado, trámite que la oposición tiene bloqueado desde marzo. Con este proyecto, para designar al jefe de los fiscales se pasa de una mayoría especial, dos tercios del Senado, a una mayoría absoluta que implica la mitad más uno de los integrantes del cuerpo.
"Todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos", dijo el senador por Neuquén Oscar Parrilli para descartar el mito de que el kirchnerismo avanza con esto para "meter presos a dirigentes opositores". Remarcó que con esta reforma están "dando certezas y seguridades". "No se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Muchos quieren que siga como interino", agregó en referencia al actual procurador que no recibió acuerdo del Senado y fue designado por un decreto de Mauricio Macri.
Con la norma actual, el oficialismo no alcanza el número suficiente (48 votos) para designar al candidato del Gobierno, Daniel Rafecas, sin el apoyo de Juntos por el Cambio. Frente a este escenario, la coalición opositora se opuso desde marzo hasta la fecha en avanzar con el pliego y darle al bloque oficialista las voluntades que le faltan. El proyecto que anoche tuvo media sanción indica que se necesitan 37 votos afirmativos para designar al funcionario judicial. A este número, el Frente de Todos llega con comodidad ya que son 40 dentro del bloque.
Este proyecto prevé, además, que el cargo de procurador deje de ser vitalicio para pasar a durar cinco años. Contempla que el puesto puede renovarse por otro período de la misma cantidad de tiempo, pero debe ser ratificado por el Ejecutivo y el Senado. "Era lógica esa mayoría de dos tercios cuando el cargo era vitalicio y que la única posibilidad de remoción era por mal desempeño en el ejercicio de las funciones. Insertando la periodicidad en el cargo es necesario que se relajen esas mayorías. Porque si no, vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la Argentina un procurador interino", defendió el proyecto la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT).
En tanto, Juntos por el Cambio insistió con el argumento de que "el kirchnerismo quiere copar la Justicia". Para la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO) este proyecto "es un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal, que es el organismo independiente que tiene a su cargo investigar los delitos de corrupción en la Argentina". Cabe destacar que varios de los puntos de esta iniciativa surgen a partir de proyectos presentados por el senador Martín Lousteau (UCR) y los ex legisladores Federico Pinedo (PRO) y Ángel Rozas (UCR), cuando estaban en el cargo.
El cierre de Juntos por el Cambio estuvo a cargo del titular del interbloque, Luis Naidenoff (UCR). "El núcleo central de la reforma es cubrir una vacante sin una mayoría calificada, por una comisión bicameral del Congreso. No hay procurador general porque no se discute, no lo han puesto a consideración", sostuvo el formoseño. En la misma línea, dijo que "acá hay una agenda clara de control" y que el proyecto se trata de una "contrarreforma constitucional". "Atropellan la Constitución por romper la lógica del acuerdo", insistió.
"La oposición dijo claramente: 'la propuesta del procurador general solo lo hacemos si es en audiencia pública presencial'", contestó el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y contraatacó: "yo no miento, a algunos les va a crecer la nariz y se les va a caer el barbijo de tan mentirosos que son". "Si no es presencial, olvídense de los dos tercios, esa es la amenaza que recibimos". "Estamos dando un paso para darle al pueblo una justicia que tenga un desempeño digno. Queremos tener un mejor país", enfatizó.
Además, subrayó que la última procuradora con acuerdo del Senado, Alejandra Gils Carbó, que renunció al cargo después de la presión que hizo el gobierno de Macri, "fue víctima de un ataque verdaderamente mafioso". Sobre el cierre de la sesión se leyeron una serie de modificaciones al despacho de la comisión de Justicia, que el oficialismo aprobó sin complicaciones.
Informe: Antonio Riccobene para Página 12