El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer a Mauricio Macri por ceder soberanía en las islas Malvinas, investigación que también salpica a otros funcionarios de su gabinete, tras haber autorizado un vuelo a la empresa Latam para unir San Pablo con las islas.
Entre los hechos a investigar, el fiscal detalló “licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; el Decreto 602/19 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur”.
Además, Di Lello advirtió que el vuelo que uniría San Pablo-Islas Malvinas previsto para el 20 de noviembre, deberá ser evaluado por el juez para ordenar su suspensión de manera inmediata “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional (…) a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”. Asimismo, el fallo agrega “el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”.
Además del presidente, la imputación también recae en funcionarios de su gabinete, como el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; al ex Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y al canciller Jorge Faurie.
La investigación se origina por el Decreto 602/2019 firmado por Macri, donde autorizó volar desde Brasil a las islas Malvinas a la empresa Latam (ex Lan, cuya filial local había sido presidida por el funcionario macrista Gustavo Lopetegui). Se prevé que la ruta se trace por primera vez el 20 de noviembre desde San Pablo, con el uso del espacio aéreo argentino; incluso con una escalara en la ciudad de Córdoba.
Otro de los puntos señalados por el fiscal, sobre este acuerdo celebrado entre Argentina y Reino Unido señala “entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludido”.
Esto último, se desprende porque para Di Lello, Macri trató de camuflar el 13 de septiembre de 2016 un acuerdo internacional por un mero comunicado conjunto de las cancillerías de Argentina y Gran Bretaña, evitando pasar el acuerdo por el Congreso.
El fiscal resaltó que, más allá del nombre del acuerdo, lo cierto es que a partir del mismo se avanzó en las tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; vuelos a Malvinas; y concesión de permisos de pesca y explotación del mar argentino.
En dicho acuerdo, el gobierno argentino ofreció 38 áreas marítimas offshore y se obtuvieron ofertas respecto a 18 de ellas. El permiso de explotación que se obtendría a través de esta licitación internacional otorga derecho a una concesión de explotación por tiempo indefinido.
Fuente: Ámbito.com
El Destape
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