Investigan al Gobierno de Macri por espionaje ilegal a jueces

La justicia inició una investigación al gobierno de Mauricio Macri bajo la sospecha de haber montado una red de espionaje ilegal sobre los jueces federales de Comodoro Py y los ministros de la Corte Suprema.

La principal hipótesis es que el gobierno espió a varios magistrados de Comodoro Py y de Tribunales que manejan causas clave y de alto impacto político.

La causa la tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también estaría afectado por esta red ilegal de espionaje, junto al fiscal Ramiro González, y apunta a distintos organismos públicos, entre ellos, Ministerio de Seguridad, la AFIP (Administración Fiscal de Ingresos Públicos), la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.

Según consigna El Destape, portal que reveló dicha investigación judicial, pudo reconstruir una lista de al menos 21 magistrados, que fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del Gobierno y ejecutada desde los distintos organismos públicos.

El denominador común, según documentos y fuentes que hablaron con ese medio, las sospechas se basan en las numerosas consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos. Pero la clave es saber qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que es su mayoría, (excepto la Policía de Ciudad y las dependencias de la Corte Suprema) dependen del Poder Ejecutivo Nacional, a través de las figuras de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y al titular de la UIF Mariano Federici.

Entre los jueces afectados están Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema de Justicia; al propio juez federal Rodolfo Canicoba Corral, cuya causa la mandó a sorteo y recayó sobre María Romilda Servini, otra de las espiadas.

Asimismo, en la lista se encuentran jueces de distintas cámaras, juzgados y tribunales.

Juan Carlos Maqueda Corte Suprema de Justicia. Maqueda es un ministro cortesano de perfil peronista, aliado de Ricardo Lorenzetti en el Alto Tribunal.

Ana María Figueroa Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Por la sala I donde se desempeña, se tramitan distintas causas sensibles: desde Cuadernos a Oil Combustibles, Los Sauces y Hotesur.

Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña. Irurzun es clave en Comodoro Py, como presidente de la Cámara Federal.

Mariano Llorens pertenece a la Cámara Federal porteña. Integra la sala I de la cámara, donde tramitan causas como Odebrecht, Skanska II, entre otras.

Rodolfo Canicoba Corral (Juzgado Federal Nº 6). La Nación, diario afín al macrismo, publicó sus viajes con lujo de detalles y tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito en el Consejo de la Magistratura.

María Eugenia Capuchetti (Juzgado Federal Nº 5). Ingresó al edificio de Retiro de la mano del macrismo, en mayo de 2019. Ocupa el juzgado que estuvo en manos de Norberto Oyarbide. Entre otras, en ese juzgado se encuentra una causa por enriquecimiento ilícito contra la familia Kirchner que está cerrada con un sobreseimiento. El Gobierno presionó para forzar una reapertura.

Sebastián Casanello (Juzgado Federal Nº 7). Casanello tuvo a su cargo causas sensibles como la de aportantes truchos (de la que fue apartado), la ruta del dinero K (dictó la falta de mérito de CFK) y la causa Baez, entre otras. Además, de distintos expedientes que afectan al Gobierno y parientes del presidente Mauricio Macri (como el caso de las termoeléctricas).

El magistrado sufrió el armado de una causa penal, motorizada por la exSIDE, en la que se lo acusó de haber estado reunido con la expresidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada, algo que era falso. Según se denunció, esta acusación fue impulsada por el espía Eduardo Miragaya.

Daniel Rafecas (Juzgado Federal Nº 3). Se trata de uno de los jueces que el Gobierno siempre quiso eyectar de Comodoro Py. Tuvo en sus manos la causa por la firma del Memorándum con Irán (denuncia del fiscal Alberto Nisman), el caso Ciccone, etc.

Luis Rodríguez (Juzgado Federal Nº 9). Fue denunciado en el marco de la causa Cuadernos por la viuda de Muñoz de cobrar un soborno de 10 millones de dólares. El fiscal que estuvo detrás de aquella acusación fue Carlos Stornelli. Este hecho se produjo un día antes del primer ingreso a la base de datos de Migraciones. La acusación de Pochetti llevó a que Rodríguez fuera denunciado en el Consejo de la Magistratura y en el fuero penal.

Tiene a su cargo diferentes causas entre las que se destacan la de Río Turbio, por la que fue detenido el exministro Julio De Vido, y el caso Traficante (D’Alessiogate).

María Romilda Servini de Cubría (Juzgado Federal Nº 1). Tiene a su cargo el juzgado electoral más importante del país. A fines de 2016 denunció públicamente aprietes del Gobierno.

Marcelo Aguinsky (Juzgado Penal Económico Nº 6). Investiga la causa conocida como Mafia de los contenedores, donde apareció operando la banda de D’Alessio. Focaliza en la mafia de la Aduana.

Javier López Biscayart (Juzgado Penal Económico Nº 9). Biscayart procesó a Lázaro Baez por evasión tributaria en marzo de 2018. Investigó el caso Skanska. En febrero de 2018 rechazó su competencia en la causa que investiga la denuncia de la Procelac por lavado de dinero contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, Camioneros y varias empresas, incluida OCA.

Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico N°2). Yadarola tuvo a su cargo el caso Antonini Wilson. En diciembre de 2017 corría la versión en los medios de comunicación de que sobreseería a Claudio Uberti. En el marco de ese caso, citó a indagatoria al exministro Julio De Vido, al extitular de la AFIP,  Ricardo Echegaray y a 8 imputados más. Ocurrió en agosto de 2018.

Claudio Gutiérrez de la Cárcova (Integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2). En el TOPE 2 tramita la causa conocida como Mafia de los Contenedores, en la que está acusado el cuñado de De Vido, Claudio Minnicelli. También pasó por ese mismo tribunal un juicio contra Leonardo Fariña.

María Gabriela López Iñíguez (TOF Nº 8). Junto a Sabrina Namer y Nicolás Toselli integran el TOF 8, que es el que juzgará a CFK en la causa por el Memorándum.

El TOF 8 había sido sorteado para afrontar el caso Hotesur pero se trabó un conflicto de competencia y la sala I de la Cámara de Casación (la misma que integra la espiada Figueroa) resolvió que sea el TOF 5 el que intervenga tanto en Hotesur como en Los Sauces.

Nicolás Toselli (TOF N°8). Se excusó de intervenir en la causa Memorándum.

Sabrina Namer (TOF N°8). Iba a intervenir en la causa Memorándum y la apartaron.

Angel Gabriel Nardiello (Integra TOC 22 y subroga el TOF 5). El TOF 5 es el que juzgará a CFK en causa Hotesur y Los Sauces. Asimismo, Nardiello se negó a aplicar el 2x1 a genocidas.

En septiembre de 2018, junto con Paduczak y Namer condenaron a tres acusados en el juicio oral por la venta de Tandanor. El caso Tandanor fue considerado “el mayor decomiso de la corrupción”, según publicó Infobae.

Sergio Adrián Paduczak. La Prefectura Naval consultó Migraciones el 25 de septiembre del año pasado. También aparece en la página del Poder Judicial de la Nación subrogando el TOF 5. Como se mencionó, junto con Nardiello y Namer condenaron a tres acusados en el juicio oral por el caso Tandanor.

Javier Feliciano Ríos, integra el TOF 3. Intervino en el juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa en el que se investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles.

José Martínez Sobrino. Integra el TOF 6 y subrogó el TOF 5. Consultado por la prensa como integrante del TOF 5 (causas Hotesur y Los Sauces) dijo que si Florencia Kirchner no se presenta en los tribunales "es una posibilidad declararla en rebeldía", aunque confió en que la hija de la exmandataria "va a volver al país". Le concedió la domiciliaria a Etchecolatz.

Llama la atención que casi todos los jueces mencionados tuvieron o tienen causas que involucran a funcionarios, dirigentes o empresarios vinculados al Gobierno anterior. Es decir, expedientes sensibles, con los que la administración actual se pudo haber beneficiado políticamente.

La cantidad de víctimas revela una sistematicidad, por lo que la Justicia busca determinar si Mauricio Macri tejió un plan para disciplinar a la justicia y amedrentar a la oposición mediante la extorsión y el espionaje ilegal.

Fuente: El Destape