El viernes pasado fue el día elegido para el gobierno para anunciar el aumento de las jubilaciones, pero también para ingresar al Congreso, un proyecto de reforma del sistema previsional en la justicia, hecho que hizo que jueces y fiscales salieran a repudiar de manera unánime.
Mientras que el gobierno de Alberto Fernández intenta equiparar las jubilaciones de menores y mayores recursos, desde el poder judicial, no quieren desprenderse de sus privilegios, tal como es no pagar ganancias, y también, sus jubilaciones.
Ante la presentación en el poder legislativo de esta posible reforma, fueron los propios magistrados que hicieron público un comunicado expresando su malestar. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Fiscales advirtieron que el proyecto viola normas constitucionales y fallos de la Corte Suprema. “La función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes”.
“Reclamamos la participación de las Instituciones representativas en la discusión del Proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados”, postula el documento, firmado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Marcelo Gallo Tagle.
Además, señalaron “ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como el de nuestros magistrados y funcionarios” y agregaron “por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad” por lo que piden participar de la confección de la ley.
Si bien reconocieron que la modificación no es “tan terrible”, lo que ocurrió es que los tomó de manera sorpresiva, ya que mantienen comunicación fluida con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y nunca les comunicó dicha iniciativa, por lo cual, señalan que propuesta proviene del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el director de Anses, Alejandro Vanoli. “Ella no hubiera mandado esto, ni de esta manera”, sostuvieron.
Tal fue el desplante de los funcionarios judiciales, que hoy habrá una reunión en la Corte Suprema entre los jueces agremiados, y sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura. Buscarán apoyo en varias vocalías del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Desde allí partieron señales “técnicas” de que lo tienen. La redacción del texto oficial contraría algunos de los fallos más recientes del máximo Tribunal en materia previsional. El otro ámbito para lograr modificar la iniciativa -contra reloj- será el Congreso.
A pesar que ya advierten que podrían judicializar esta reforma, por considerarla inconstitucional, porque una vez que sea sancionada vulnera derechos adquiridos, mientras que otros recomiendan una avalancha de juicios precedidos de medidas cautelares que frenen por todas las vías judiciales posibles la aplicación de la nueva normativa, lo cierto que otro sector más moderado advierte: “estamos reaccionando como una casta, privilegiando nuestros intereses en un escenario complicado. ¿Con qué cara vamos a defender jubilaciones de 400 ‘lucas’ contra un docente que cobra 17 mil?”.
Hay, también, un tercer sector, juvenil, progresista y que no proviene estrictamente de la familia judicial, que está dispuesto a aceptar la modificación (y el fin de los privilegios) ya mismo. No sólo sin chistar, sino adhiriendo fervorosamente a ese gesto “solidario” desde el Poder Judicial.
Lo único que proponen a cambio es discutir las restricciones que los funcionarios judiciales tienen para otros emprendimientos económicos. Hasta ahora, sólo les está permitido ejercer la docencia como actividad rentada. “No podemos poner ni un quiosco a nuestro nombre. Si vamos a ser iguales a todos, pues seámoslo en todos los sentidos”, preconizan.
Este último es un sector minoritario y con poco peso a la hora de la toma de decisiones corporativas.
Fuente: Tiempo Argentino
Ámbito.com
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