Otro revés judicial para el presidente Mauricio Macri y la empresa familiar Correo Argentino: esta vez, la justicia dispuso la intervención de la compañía por brindar información falaz sobre el estado contable de la compañía, obstruyendo la causa que investiga un presunto vaciamiento del correo.
La jueza en lo comercial, Marta Cirulli decidió disponer de un interventor que coadministrará, al menos por un mes la empresa de la familia presidencial, para revisar sus gastos y acceder a la documentación que la familia Macri viene negando a la justicia, en lo que refiere a la investigación por presunto vaciamiento que investiga la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín.
De no ser suficiente este lapso de un mes de intervención, la justicia podrá extender por el plazo por otros 30 días más.
Esta intervención se desprende de las acciones legales que se impuso a Correo Argentino por la deuda millonaria que mantiene con el Estado nacional, y que levantó la polémica cuando el gobierno nacional intentó condonar dicha deuda, lo que desencadenó que la fiscal Boquín iniciara la investigación.
Para la justicia comercial, la empresa de la familia Macri ocultó en reiteradas oportunidades información, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial.
La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores. En tanto que la jueza Cirelli señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.
La empresa Correo, en su situación concursal actual, está declarada inactiva. A pesar de esto la fiscalía ante la Cámara denunció distintos tipos de erogaciones que podrían implicar desvíos y/o vaciamiento. Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros, con sociedades y abogados amigos. Después de dos años de idas y vueltas, trabas impuestas por la empresa y resoluciones judiciales sinuosas, la jueza Cirulli tuvo que iniciar una investigación. Por eso comenzó a pedir información específica al Correo, además de los libros contables de Socma y Sideco, que ambas se negaban a entregar. La Corte Suprema destrabó esa discusión, al rechazar un recurso del Grupo Macri. Así las cosas, los señalamientos de la resolución de la jueza Cirulli se refieren al intento de investigación de todos aquellos movimientos anómalos.
Fuente: Letra P
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