La ONU advirtió la falta de independencia entre el poder político y judicial en el gobierno de Macri

El gobierno de Mauricio Macri desde su inicio fue cuestionado por el accionar de la justicia, a la cual, se la consideró un apéndice del poder de Cambiemos, por lo cual, varias asociaciones acudieron a Diego García Sayán, relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, para manifestar su preocupación, petición que fue tomada en cuenta, y ahora, el gobierno deberá presentar un informe.

La denuncia fue presentada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia Social) e Iniciativa Justicia en el mes de junio, cuando representantes de las tres organizaciones fueron recibidos en Lima por el funcionario de la ONU, quien en menos de 5 meses habilitó el trámite.

Por ello, ahora, el Estado nacional deberá brindar explicaciones sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial, y tendrá un plazo de 60 días para entregar un informe respondiendo a las acusaciones, que para García Sayán, los hechos denunciados tienen verosimilitud y son “fiables”.

Según indicó uno de los denunciantes, Maximiliano Rusconi, el informe de la ONU “es lapidario. Muy duro. Naciones Unidas es un organismo muy medido, sometido a las reglas protocolares de la diplomacia. Pero en este caso pareciera no haber reparado en esas normas y es contundente”.

Es que la misiva enviada al poder Ejecutivo nacional exige la explicación acerca de un presunto "plan sistemático y estructural" de persecución a jueces y fiscales que no respondían a los designios de la Casa Rosada y por la conformación de una justicia a la carta.

Rusconi agregó que la importancia de este pedido de explicación se debe a “la jerarquía institucional de la relatoría, y en lo personal de García Sayán” a quien catalogó como “un jurista de enorme reconocimiento en toda la región, una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos. No es cualquier relator. Es un gran conocedor de las dificultades de la consolidación del Estado de Derecho en toda América latina”.

Sin embargo, estas denuncias no son nuevas. El Comité por la libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos de Jujuy habían hecho pública la situación que se atravesaba en la justicia en la provincia, donde consideraron que había una “suspensión del Estado de Derecho en la Argentina”.

El Comité en un comunicado, en el cual se hace eco sobre el pedido realizado por la ONU, advierte que “Jujuy se convirtió en el laboratorio de un ensayo represivo que se inició con la detención arbitraria e ilegal de la dirigente social Milagro Sala, primera presa política del macrismo. Más adelante otros 10 dirigentes de la organización social Tupac Amaru serían injustamente detenidos”.

Asimismo, también subraya que desde esa organización se había denunciado la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, “que elevó su cantidad de miembros de cinco a nueve, garantizando la mayoría automática para el Gobernador Morales. Sus nuevos miembros fueron dos de los diputados del radicalismo responsables de votar la ley de ampliación: Pablo Baca y Beatriz Altamirano”.

“Entre la larga lista de arbitrariedades se denunció también la existencia de un tribunal puesto “a dedo” por el Gobernador Gerardo Morales en la causa conocida como “Pibes Villeros”. Este tribunal estuvo presidido por la Jueza María Alejandra Tolaba, quien había reprobado en dos oportunidades el examen para ocupar su cargo” es otro de los puntos que se resaltaron en cuanto a la falta de independencia en la justicia provincial.

Además, el documento agrega que “la misma situación se repitió en la Provincia de Mendoza gobernada por Alfredo Cornejo, aliado político de Mauricio Macri. Allí también se llevó adelante una feroz persecución política y judicial a las y los dirigentes de la organización Tupac Amaru”.  

“En la Argentina el Estado de Derecho está siendo vulnerado a partir de que gobierna la alianza Cambiemos. Las condenas a las presas y presos políticos de Jujuy son decididas en el escritorio del gobernador Gerardo Morales y se han suspendido todas las garantías democráticas” aseguraron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Y agregaron: “valoramos que los Organismos Internacionales se pronuncien sobre la situación que atraviesa nuestro país”.

Fuente: Página 12