En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional advierte sobre un preocupante retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. El desmantelamiento de programas clave para la prevención y protección de mujeres y diversidades profundiza un escenario crítico en el país, donde, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se registró un femicidio cada 29 horas durante el primer semestre de 2024.
En este contexto la administración actual transformó la Línea 144, históricamente dedicada atender llamadas de emergencia de mujeres en situación de violencia de género, en un servicio genérico para atender a cualquier persona en situación de violencia, conforme información suministrada por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Entre 2019 y 2023, la línea 144 intervino en más de 93.000 casos de violencia de género. No obstante, el Estado ya no cuenta con una línea especializada para combatir las violencias que sufren las mujeres y personas LGBTIQ+ en razón de su género, en total desconocimiento de sus obligaciones internacionales para garantizar que mujeres y niñas puedan vivir una vida libre de violencias.
En virtud de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado argentino a sostener sus políticas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres bajo el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional, en el marco de una audiencia temática en la que el gobierno rindió examen ante el reproceso en políticas de género.
“El gobierno les da la espalda a las mujeres víctimas de violencia y las deja desamparadas ante la eliminación y reducción de programas clave para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Con estas medidas, el Estado no solo pone en riesgo sus vidas, sino que perpetúa la discriminación estructural por razones de género, alejándose del histórico liderazgo que en la región ha tenido Argentina en materia de derechos humanos”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Sobre esto, la organización destacó que desde que asumió Milei, el gobierno desmanteló “sistemáticamente las políticas públicas que tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+”, negando así la magnitud del problema, además de perpetuar “la desigualdad y poniendo en riesgo sus vidas”.
“Es la primera vez en treinta y siete años, que la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género, a lo que se suma que el gobierno nacional ha eliminado la asignación presupuestaria de numerosas políticas públicas destinadas a atender esta problemática. Tal es así que el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para 2025 enviado por el poder ejecutivo, no contempla erogación alguna para la implementación de la Educación Sexual Integral y del programa Acompañar y no contiene una partida específica para la línea 144”, explica.
Respecto a las políticas concretas, puso como ejemplo el Programa Acompañar, que brinda ayuda económica y apoyo a mujeres en situación de riesgo para que puedan salir de relaciones violentas disminuyó drásticamente su cobertura: “sólo 434 mujeres recibieron esta ayuda en el primer trimestre de 2024, mientras que en el primer trimestre de 2023 el programa benefició a 34.023 personas, lo que representa una reducción del 98.63%. Estas cifras representan la vida de miles de mujeres a las que el Estado ha decidido darles la espalda, profundizando aún más el riesgo y la violencia a la que se encuentran expuestas”.
La violencia hacia la mujeres también se traduce en la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, siendo que el Estado nacional paralizó por completo la distribución de insumos esenciales a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. Asimismo, numerosas provincias han informado faltante de stock de test de embarazos y de diversos métodos anticonceptivos, lo que afecta el derecho de mujeres, adolescentes y niñas a tomar decisiones libres sobre sus cuerpos.
La compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.
“Amnistía Internacional reitera su preocupación respecto al desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que ha logrado reducir en tan solo 4 años la tasa de fecundidad adolescente en un 49%”, subrayó, poniendo en foco que la maternidad en edad temprana representa un riesgo de salud para niñas y adolescentes.
Por último, Amnistía hizo mención al voto negativo de Argentina en la Asamblea General de la ONU respecto a la resolución sobre la prevención de la violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales. El país fue el único que se opuso, en una votación que contó con 170 votos positivos y 13 abstenciones. “Este aislamiento en el ámbito internacional es un reflejo de la creciente desconexión del gobierno argentino con los compromisos globales en materia de derechos humanos”, sentenció.
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