Multitudinario cacerolazo en el Congreso y otros puntos del país contra el DNU de Milei

Casi como una remembranza de aquel estallido social de 2001, Javier Milei tuvo el primer cacelorazo en su contra: el paquete de shock que presentó en el cual deroga o modifica más de 300 leyes hizo que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas salieran a rechazar las medidas que sólo empeoran sus condiciones de vida.

Fue alrededor de las 21, que en cadena nacional se lanzó el mensaje grabado del presidente. Escudado por todo su Gabinete, Milei resumió en 30 puntos el DNU que decreta por 2 años la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.

Las medidas rápidamente fueron entendidas como la puesta en venta de la patria, lo que hizo que de forma espontánea -apenas terminado el mensaje- vecinos y vecinas de barrios porteños comenzarán a expresar su rechazo golpeando ollas desde sus balcones o desde las veredas.

Fue cuestión de minutos que la autoconvocatoria comenzó a congregarse en esquinas de diferentes barrios porteños: Olivos, Villa Crespo, Almagro, Boedo, Caballito, Parque Patricios, San Telmo, San Cristóbal, Barracas, Colegiales y Chacarita.

Asimismo, se replicaron protestas en ciudades bonaerenses como La Plata, 3 de Febrero, Morón, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y en la ciudad de la costa atlántica de Mar del Plata.

También se registraron cacerolazos en otras provincias como Entre Ríos, Neuquén, Río Negro (con concentraciones en Bariloche y Viedma) y hasta la ciudad fueguina de Río Grande, provincia que será afectada si le elimina el Régimen de Promoción Industrial, ley que tenía vigencia hasta 2038 y prorrogable por 15 años más. Dicha normativa permite a Tierra del Fuego tener industria de ensamblado de productos electrónicos y así generar empleo en un lugar que, por sus características climáticas y lejanía, posee desventajas con el centro del país.

El malestar no sólo por el avance en leyes que regulaban precios de medicamentos, alquileres, alimentos, sino también por la privatización de empresas estatales (como Aerolíneas Argentinas) y la flexibilización laboral de hecho -con la eliminación de las indemnizaciones por despido, aumento del periodo de prueba de 3 a 8 meses- hizo que también la ciudadanía comenzara a pedir a las centrales de trabajadores un urgente paro nacional.

Por otra parte, el anuncio de la derogación de centenares de leyes encendió la alarma por la suma del poder público mediante este decreto de necesidad y urgencia, puesto que con ello, el Ejecutivo se excede en sus facultades.

Así, espacios políticos y sindicales ya comenzaron a advertir que judicializarán este paquete de medidas al considerarlo inconstitucional. En tanto, la calle lo tomó como un avance sobre la democracia.

Cacerolazo en el Congreso