Javier Milei definió por decreto el cierre por cinco fondos dependientes del Ministerio de Economía, entre los que se destaca el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. En un contexto en el que la violencia de género se profundiza, así como la negación del presidente a su existencia, la eliminación de este fondo impacta de manera directa en mujeres, niñas y niños, principales víctimas del delito de trata de personas. Cabe mencionar que el desmantelamiento de las destacadas políticas de lucha contra la trata ya había sido denunciado por las organizaciones sociales como Alameda, en el contexto del aún desaparecido niño de 5 años, Loan Peña, en Corrientes.
La disolución de los fondos fue publicada en el Boletín Oficial este martes mediante Decreto 1048/24 y comprende, además del ya mencionado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Según lo expresado por el Gobierno, el cierre fue ordenado tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados. El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Para la gestión libertaria, las disoluciones se realizaron “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
Un golpe a una política de lucha contra la trata de personas
La eliminación “por múltiples falencias” del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata constituye un avance más hacia el desguace de esta política que fue reconocida de manera internacional. Ya en julio pasado, en el contexto de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, un informe de La Alameda -organismo que lucha contra la trata- había denunciado que el gobierno libertario concretó el desguace de áreas fundamentales para prevenir y combatir este tipo de casos. Cuestionaron que este delito mutó de una perspectiva de derechos humanos y género a un enfoque policial y represivo ya que el Comité y el Consejo Federal Contra la Trata dejaron de pertenecer a la Jefatura de Gabinete y pasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad.
El Fondo disuelto tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.
Desde la cartera del ministro Luis Caputo dijeron que entre las irregularidades que justifican su cierre “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.
Según sus dichos, se mantendrán los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364. No obstante, a pesar de que afirmó que se dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, todavía no existe la herramienta concreta que permita hacerlo. Según expresaron desde Economía, dichas acciones “van a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.
Fuente: Tiempo Argentino
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
