El pasado 12 de agosto fue ingresado a Dirección General de Comisiones el proyecto de ley S-1813/21, que prórroga la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, hasta el 23 de noviembre de 2025.
La iniciativa fue presentada por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora Giménez, quien señaló “restan las evaluaciones de 700 comunidades originarias para el otorgamiento de tierras a nivel nacional. Las tierras comunitarias que se otorgan no pueden ser enajenables ni transferidas a terceros, ni se asignan a un cacique”, en diálogo con Radio Nacional.
La necesidad de prorrogar la ley por otros 4 años más responde a que la normativa además de ordenar la realización de un Relevamiento Territorial de las Comunidades Originarias con el fin de dar soluciones a los conflictos de tierras y avanzar hacia una regularización de entregas de los títulos comunitarios correspondientes, también protege a que las comunidades no sean desalojadas de forma arbitraria.
Cabe mencionar que el conflicto territorial entre comunidades originarias y privados que quieren avanzar con proyectos inmobiliarios se replican en todo el territorio argentino.
En el caso de Jujuy, son varias las comunidades que están siendo amenazas con ser despojadas de sus tierras y el último caso resonante fue el de la multinacional REMAX en la zona de Huacalera, donde pretende vender unas 18.500 hectáreas comunitarias.
Sobre este punto, la senadora Gaitán manifestó “la justicia tiene instrumentos para actuar, la ley 26.160 es un elemento fundamental para y de plena aplicación en manos de la justicia para evitar estos actos impunes, sin ningún tipo de soportes, abusivos e invasivos que son los famosos negocios inmobiliarios”.
El pedido de prorroga además solicita que se destine asignar para cada uno de los cuatro (4) ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000) destinados a la atención del Fondo Especial creado por la Ley 26.160.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en trámite legislativo en la comisión de presupuesto y hacienda, donde se espera tenga dictamen para su tratamiento en el recinto parlamentario. La Ley Nacional N° 26.160 establece que el Estado Nacional, a través del INAI, realice un relevamiento de las tierras habitadas por las Comunidades Indígenas en el territorio nacional y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas de la República Argentina. Desde su sanción en el año el 23 de noviembre del año 2006 la ley ha sido prorrogada por Ley 26.554, Ley 26.894 y Ley 27.400, hasta el 23 de noviembre de 2025.
En los fundamentos, el texto señala que la ley prevé la participación indígena en todos los niveles del relevamiento, manifestada a través del Consejo de Participación Indígena (CPI), que son representantes de cada pueblo elegidos por las propias comunidades en cada provincia. Este organismo, habría junto al INAI, diseñado el Programa Nacional de Relevamiento Territorial para esta etapa hasta el año 2025, donde se prevé la conformación de Unidades Ejecutoras Provinciales integradas por representantes del Poder Ejecutivo Provincial, los representantes indígenas y un Equipo Técnico Operativo.
Fuente: originarios.ar
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