NACIONALES

La agenda antiderechos

Salud reproductiva afuera, el gobierno de Milei paralizó la compra de insumos para el acceso al aborto

En lo que va del año, ninguna de las provincias recibió elementos para la IVE/ILE. El Estado tiene la obligación de proporcionar medicamentos para el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Salud reproductiva afuera, el gobierno de Milei paralizó la compra de insumos para el acceso al aborto

 

Como cada 28 de septiembre, se lleva a cabo el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal, oportunidad en la que Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Javier Milei paralizó la compra de insumos para el acceso al aborto.

En vigencia desde enero de 2021, la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, es de aplicación obligatoria en todo el país, su consagración en el Congreso fue origen de una larga lucha en las calles.

El organismo accedió a información del Ministerio de Salud de la Nación, en donde se observa que en todo el año el Ejecutivo nacional no entregó ningún insumo que garantice el acceso al a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto se debe a que no cuenta con stock y, además, que los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, sufren demoras desmedidas.

En comparación con el año 2023, el gobierno nacional había distribuido 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona, por lo que desde Amnistía Internacional apuntaron que con la falta de entrega de estos medicamentos se profundiza las barreras de acceso al aborto en las distintas jurisdicciones del país.

En paralelo, el organismo expuso que los reclamos recibidos hasta agosto sobre la falta de acceso al IVE/ILE se incrementaron hasta en un 80% en comparación con el 2023.

“La falta de entrega de insumos a las provincias incrementa las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país. El acceso a derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que una niña o mujer le tocó nacer. El Estado Nacional debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional” expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 

La mirada internacional

El gobierno de Javier Milei no solo incumple la ley nacional, sino que además recientemente en lo que fue el Comité de los Derechos del Niño, se alertó sobre los retrocesos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes que vive la Argentina, por lo que se exhortó al Estado argentino a adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios y de personal sanitario capacitado para prestar servicios de aborto voluntario y legal y de atención postaborto. “El Estado tiene la obligación de proporcionar medicamentos para el acceso a la salud sexual y reproductiva sobre la base de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS y cualquier medida regresiva en la materia podría comprometer su responsabilidad”, explicaron desde Amnistía Internacional.

En ese sentido, el organismo cuestionó sobre “la libertad” que tanto pregona la fuerza política a la que pertenece el presidente y advirtió “desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, se han adoptado medidas que atentan contra los derechos de las mujeres y diversidades”.

“El presidente ha adoptado un discurso altamente confrontativo y se ha referido públicamente al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo como ‘la agenda sangrienta del aborto, o bien como un ‘asesinato agravado por el vínculo’, desconociendo la legislación nacional vigente y desinformando a la población, lo que contribuye a generar un estigma alrededor del aborto y temor en los profesionales que tienen el deber de garantizar el acceso a la prestación”.

Por último, Amnistía concluyó “a casi cuatro años de la sanción de la Ley 27.610, hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes: las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. Además, el acceso temprano a información, insumos, y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad de las mujeres y personas gestantes contribuye a que el 90% de las interrupciones del embarazo sean durante el primer trimestre de gestación”.



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