La Justicia contencioso administrativo federal aceptó tramitar un amparo colectivo para que se declare la nulidad del acuerdo con el FMI firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.
El 10 de marzo se inició un amparo colectivo por parte de 121 personas, entre ellas el secretario General de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, pero también el Director del Banco Nación Claudio Lozano, entre otras figuras, con el objetivo de que se declare la nulidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018. El amparo pretende que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable de cada una de la cartas de intención y de los acuerdos stand by firmados por el Poder Ejecutivo y el FMI durante 2018 y 2019, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 4,75 inciso 4,7 y 22; 76;99 inciso 3ero, el art. 53 de la Ley 24.156, los arts. 3ero y 14 de la Ley 19.549 y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.
La acción también busca que la justicia “ordene al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a abstenerse de emitir actos o aprobar leyes que tengan por objeto, directo o indirecto, sanear, legalizar, subsanar, convalidar, cancelar los vencimientos o reconocer, el endeudamiento del Estado Argentino con el FMI realizado durante el año 2018”.
La presentación fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°11, a cargo de Martín Cormick, quien el 17 de marzo admitió la tramitación del amparo conforme lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Además ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivo, según la resolución publicada en el sitio Palabras del Derecho.
La acción también solicita como medida cautelar la suspensión de los efectos de los acuerdos stand by firmado por autoridades públicas con el FMI en 2018 y, en consecuencia, se ordene al Poder Ejecutivo suspender los pagos al FMI que derivan de dichos acuerdos.
Finalmente se pide que se ordene al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a abstenerse de emitir actos o aprobar leyes que tengan por objeto, directo o indirecto, sanear, legalizar, subsanar, convalidar, cancelar los vencimientos o reconocer, el endeudamiento del Estado Argentino con el Fondo Monetario Internacional realizado durante el año 2018, junto con la suspensión de los efectos de toda normativa o ley, ya sea emitida por el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional que tenga mismo objeto.
El juez admite tramitar la acción y dio vista, es decir remitió la misma al Fiscal Federal.
Fuente: Ámbito.com
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