Son varias las irregularidades que desde la oposición viene resaltando en lo que refiere a las condiciones en que se llevarán los comicios del domingo, día en que se definirá quién será el próximo presidente de la Argentina. Una de las irregularidades que ya fue denunciada, es la imposibilidad de auditar el software de la empresa Smartmatic que se utilizará en las elecciones para la captura y transmisión de actas, y la otra, es la intromisión del Ministerio de Seguridad.
Con respecto a la auditoria al sistema de recuento de votos, el primer incumplimiento a lo establecido por la ley, es que dicho sistema debía entregarse con 30 días de antelación, para poder inspeccionar con detenimiento en búsqueda de alguna falla. Esto no ocurrió, por lo que el gobierno nacional pretendió una auditoría en cuestión de horas y con la fecha de la elección prácticamente encima. Algo completamente imposible de realizar.
Durante el encuentro llevado a cabo en la Cámara Nacional Electoral del Ministerio del Interior, y en el cual estuvieron presentes los representantes del Correo Oficial, la empresa Smartmatic y las alianzas políticas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal; los apoderados de las agrupaciones políticas no pudieron probar el sistema para buscar fallas, así como tampoco acceder a la computadora para inspeccionar el sistema que se usará en las elecciones, compuesto por 70 mil líneas de código fuente.
Por oposición de Smartmatic a la utilización del sistema Sonar, el cual fue considerado inadecuado en la nota presentada por su apoderado, la revisión del sistema a emplear en el proceso eleccionario sólo se acotó “a la inspección ocular”, tal como se manifestó en el acta, del código fuentes. Es decir, las agrupaciones no pudieron probarlo de primera mano.
A solicitud de las agrupaciones políticas del Frente de Todos y Consenso Federal, se dejó constancia que "no comparten la metodología utilizada para la auditoria del código fuente y software entregada, atento a la variación unilateral propuesta por la empresa".
En tanto, el presidente del Correo Oficial declinó "la responsabilidad emergente sobre las consecuencias que la inadecuada, inexacta o interesada difusión de la información sobre el software pueda acarrear".
Dadas las anomalías, que ya fueron señaladas incluso antes de las PASO, derivó en que el Frente de Todos realizara una presentación ante la Justicia sobre 5 puntos: el primero, exigiendo que el sistema esté sin cargar ningún dato, garantizando así, que cuando comiencen a contarse los votos el sistema esté en cero. El segundo punto fue la entrega de los aplicativos y el código fuente del software que provee Smartmatic. También, se pidió tener acceso a los archivos originales que se escanean en las escuelas y se envían al centro de cómputos, además de plantear que “la empresa Smartmatic ha realizado cambios unilaterales en forma inconsulta, eliminando la fiscalización continua por parte de las agrupaciones políticas", por lo que pidieron "evitar la posible manipulación de los datos por parte de los operadores del sistema".
Intromisión del Ministerio de Seguridad
El apoderado del PJ, Jorge Landau, presentó una denuncia ante la justicia, considerando que desde el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, intenta establecer un “sistema paralelo de seguridad”.
Dicha presentación, se basa en una resolución ministerial emitida el 23 de octubre, en la que permite que las policías provinciales y locales actúen en el interior de los lugares donde se vota.
Según esta resolución, una de las medidas, “ajenas al ámbito de competencia” electoral solicitadas por el Ministerio de Seguridad, es el requerimiento “de la designación de un responsable para comunicarse con el teléfono ‘confidencial’ para efectuar denuncias al ministerio” a cargo de Bullrich.
Para Landau, “el Ministerio de Seguridad no puede estar adentro de las escuelas porque el Código Nacional Electoral establece que ahí sólo puede actuar el Comando General Electoral”.
Dicho Comando Electoral depende del Ministerio de Defensa y está integrado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tal como lo estableció el decreto 223/2019. Y si bien Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, están dentro de esas órbitas, no lo están las fuerzas provinciales ni municipales a las que la ministra Patricia Bullrich hace entrar en juego.
Asimismo, el Comando Federal tiene un comandante militar, Carlos Pérez Aquino, quien depende de la cartera de Defensa pero está subordinado a la jueza electoral María Romilda Servini. Tiene jurisdicción en todo el país y es responsable de la logística y custodia de las elecciones. De esta manera, se garantiza que el funcionario a cargo de la seguridad de los comicios tenga independencia del gobierno de turno.
Para Landau, la decisión de Bullrich es parte de la serie de “trampas” que el gobierno de Mauricio Macri coloca a medida que avanza el día en que se definirá quién será el próximo presidente.
Fuente: El Destape
Página 12
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