Cannabis medicinal en Jujuy: Donde existe una necesidad nace un negocio

En abril próximo se cumplen dos años desde la promulgación de la Ley 27.350, conocida como de “Uso Medicinal del Cannabis”. Ley impulsada por la sociedad civil organizada, principalmente pacientes, familiares y madres que han exigido a los poderes públicos que reconozcan su derecho a acceder a una vida con menos dolor.

El principal reclamo que motorizó el debate fue, y sigue siendo, el acceso al cannabis de forma democrática, respetando tanto a quienes necesitan o eligen una sustancia estandarizada por la industria farmacéutica, como a quienes necesitan o eligen el acceso a la sustancia vegetal mediante el autocultivo. La desatención de este reclamo, conservó en la ilegalidad a miles de personas que cultivan la planta para proveerse a sí mismas o a sus hijos, familiares de salud y bienestar. Personas que ayer y hoy son amenazadas por el sistema penal con penas absolutamente desproporcionadas e inhumanas, semejantes al delito de violación. Si, leyó bien. Una madre que cultiva cannabis para dárselo a su hijo, actualmente puede ser sancionada con el mismo máximo legal que nuestra legislación penal destina a los violadores (15 años de prisión).

Los legisladores del bloque del partido de gobierno actual a nivel nacional, comandados por el diputado Luis Alfonso Petri y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se han opuesto fuertemente a la despenalización de tales personas en el contexto del debate, y han accedido nomás a votar favorablemente por una ley que establezca un programa de investigación sobre una sustancia que se viene investigando en el mundo moderno desde hace, por lo menos, 60 años.

Es lo que los psicólogos suelen denominar como “parálisis de análisis”. Detener todo progreso secuencial hasta tanto no se llegue a la conclusión de lo analizado. En otras palabras, obstaculizar el reconocimiento de los derechos hasta que culminen ciertos análisis e investigaciones de programas destinados a comprobar lo que diversas investigaciones internacionales ya han comprobado. Si no fuera así, no se comprende como la OMS ha recomendado recientemente la reclasificación del cannabis reconociendo su utilización médico-terapéutica para diversas enfermedades, dolencias o patologías. Si no fuera así, no se comprende cómo es que decenas de países tienen legislaciones que reconocen dicha potencialidad desde hace, cuanto menos, 30 años.

Pero cuando se pretende demorar u obstaculizar el reconocimiento de los derechos, la “necesidad de investigación” es funcional a cierta hegemonía médica y conservadurismo político que no hacen más que acrecentar y perdurar el dolor.

No se desconoce, obviamente, la necesidad de continuar con las investigaciones y plantearlas a nivel local, desarrollando las mismas. Pero ello no puede ser excusa como para dilatar el padecimiento de otros, desconociendo los avances obtenidos por la ciencia internacional. Es como plantear la necesidad de comenzar a investigar algunos hongos desde cero, para ver si algún día indeterminado, en nuestro país se descubre la penicilina desconociendo el trabajo realizado por Fleming. A nadie le resultaría racional ello, pero cuando las políticas públicas están viciadas de prejuicios, preconceptos e intereses poco transparentes, la racionalidad en un cuestionable y prescindible valor.

Nuestro país comenzó a importar sustancias en base a cannabis desde 2014, conforme algunos registros de los cuales se tuvieron noticia. Tales importaciones se basaban en cualquier medicamento, fitoterápico o suplemento dietario en base a cannabis reconocidos por la farmacopea mundial, para cualquier patología y grupo etario. Las autorizaciones eran brindadas por la ANMAT mediante un sistema denominado de “usos compasivos”. En medio del debate de lo que sería posteriormente la actual “ley de uso medicinal, 27.350”, la ANMAT restringió la importación de dichas sustancias sólo para casos de epilepsia refractaria, exclusivamente para niños y jóvenes adultos. Lo cual, significa un grave retroceso en la única forma de acceso legal a las sustancias que existía por entonces, y existe hoy en día.

El programa de investigación establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, de forma reglamentaria y contrario a lo establecido en la ley nacional, restringió su acceso exclusivamente para tal enfermedad y grupo etario. Dichas acciones, de por sí condenan a la clandestinidad a todo un universo de personas que tienen otras dolencias, enfermedades y patologías tratables con cannabis, que se ven obligadas a acceder al mismo en el mercado ilegal sin ningún control de lo consumido y a precios absurdos que sólo se justifican por el carácter ilegal y clandestino de la transacción; o bien, arriesgarse a aquellas penas desproporcionadas que sostiene la ley penal, si optaran por acceder a la sustancia mediante el autocultivo. En definitiva, la retórica pública de “combatir” el mercado ilegal impidiendo el autocultivo, sumadas otras acciones que impiden el acceso legal y regulado de la sustancia, conlleva paradojalmente a propiciar y financiar un mercado ilícito direccionándole la demanda.

Para completar el cuadro de situación, para el presente 2019, a un programa de investigación que tiene como fin analizar los efectos de centenares de compuestos de la planta de cannabis, sobre una indeterminada cantidad de patologías, dolencias y enfermedades posibles, sumado a sus facultades de cultivar, cosechar, y elaborar productos desde laboratorios públicos de medicamentos, y distribuirlos hacia las personas que se anoten en sus registros, el gobierno nacional le designó la cuantiosa suma de mil pesos por día. Al decir de un investigador del CONICET, “ello no alcanza ni para comprar tubos de ensayo”. El único programa de investigación en marcha luego de dos años de vigencia de la norma, es la investigación actual en el Hospital Garrahan, sobre un universo intrascendente de personas (21), con la utilización de un único aceite importado (descartando otras tantas variantes o la sustancia vegetal) y sobre la enfermedad que el mismo gobierno reconoce que hay suficiente evidencia científica para reconocer la importación de sustancias: la epilepsia refractaria. O sea, en un acto de genialidad científica sin precedentes, los escasos recursos designados al Programa, se destinan a la investigación de la única enfermedad sobre la cual se considera que ya hay evidencia suficiente a nivel internacional.

Lo que realmente sucedió por entonces, es que la aprobación de la ley ha simulado dar una respuesta institucional a aquellas personas que impulsaron el debate. Luego, a nadie más le interesó desde los grandes medios, la política tradicional, etc. Las provincias, hacen su propio ejercicio de simulación de respuesta, adhiriendo tímidamente a una legislación nacional que se sabe falaz en su contenidos y funcionalidad. Hasta el momento, ninguna ha debatido seriamente la remota posibilidad de considerar una regulación del acceso a la sustancia en su estado vegetal (autocultivo), mediante una interpretación progresiva en lo que hace a sus competencias en materia de salud y derechos humanos de sus poblaciones, y la oportunidad que brinda la ley penal de legislar administrativamente los requisitos de “autorización” para ejercer dicha práctica (Art. 5, ley 23.737).           

2. Jujuy, pertenecer tiene sus privilegios

¿Cuál es la noticia que se brinda como un gran avance en la materia por estos días? Que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha autorizado a una empresa mixta en Jujuy, el cultivo y elaboración de productos cannábicos en tierras estatales, sin que se conozca con certeza la finalidad posterior de los mismos. La provincia a cargo del aliado político del gobierno nacional, Gerardo Morales, hace tiempo que viene realizando acuerdos con empresas y laboratorios extranjeros, a fin de destinarles grandes parcelas de tierra y garantizarles sus gestiones políticas ante las autoridades nacionales a fin de obtener las autorizaciones correspondientes, a cambio de su participación conjunta en una empresa lucrativa que, casualmente, dirigirá su hijo. 

Al respecto, cabe recordar que la Ley 27.350, establece que se “…podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica (…). En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP” (Cfr. Artículo 6º, el resaltado nos pertenece).

Del mismo modo, prevé que “El Estado nacional impulsará a través de los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en ANLAP, (…) la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación” (Cfr. Artículo 10, el resaltado nos pertenece).

La autorización brindada por las autoridades nacionales, claramente se establecen en clara contraposición de las disposiciones contenidas en la ley, principalmente si tomamos en cuenta que en el país existe una veintena de laboratorios  nucleados en la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, con capacidad de elaborar sustancias en base al cannabis.

Asimismo, llama la atención la direccionada predilección para con un laboratorio privado del exterior, contando para ello con el aval del gobierno nacional, en contraposición a los obstáculos cíclicos que han padecido algunas provincias (Santa Fe, por ejemplo) para desarrollar y llevar adelante la producción en sus laboratorios públicos conforme su legislación local. Ello motivo de sucesivas trabas, restricciones y exigencias interpuestas por las mismas autoridades públicas a nivel nacional, que ahora estarían avalando un idéntico proceso en manos de un laboratorio internacional. ¿Será porque el gobierno socialista de Santa Fe no es partidario ni aliado al gobierno nacional, como lo es el gobierno Jujeño? ¿Eso justifica que acciones que deberían estar direccionadas al cumplimiento de la ley y basadas en principios de salud pública, se distorsionen a favor de un negocio en manos de su aliado político?

La población usuaria de cannabis con fines terapéuticos, aparentemente no tiene nada que celebrar. El negocio acapara sus reclamos, sus derechos se ven obstruidos por un sistema burocrático que trajo mayores impedimentos de acceso legal al cannabis que los existentes con anterioridad a la ley y sólo manifiesta sus acuerdos para con aquellos negocios que quieran realizar sus aliados políticos aprovechándose de la legitimidad y visibilidad que la sociedad civil le brindó al uso terapéutico de la sustancia. Ganancia para algunos, dolor para todos.   

* Mariano Fusero es Abogado, Presidente de RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos.