El parque solar que endeudó a Jujuy

El Gobernador de Jujuy anunció la toma de un crédito por U$S 300 millones destinados a la mejora del sistema educativo. Los fondos para devolver la deuda vendrían de los ingresos del parque de energía solar que aún no funciona y, por el cual, ya se tomaron U$S 541 millones de deuda. Los proyectos de construcción de escuelas representan proyectos de deudas. Más promesas electorales dirigidas al área educativa, uno de los sectores más afectados y deteriorados en esta gestión. El mensaje pomposo de este nuevo proyecto de endeudamiento estatal, vino acompañado de un singular método de devolución del crédito a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento, (CAF). Morales afirmó que los dólares para pagar las cuotas de capital y los intereses provendrían de los ingresos producidos por el Parque Solar Cauchari ubicado en plena Puna jujeña.

Pero no todo es color de rosa. El proyecto de energía solar de Cauchari no comenzó a operar y su inauguración tuvo una postergación de mayo 2018 a marzo 2019, se desconocen los motivos si son técnicos, financieros. Además existen incumplimientos laborales con los trabajadores, la obra difícilmente esté finalizada para los plazos reprogramados. El convenio firmado entre la provincia y la distribuidora mayorista, CAMESA, prevé la aplicación de multas en caso de no cumplir con la entrega de la energía pactada.

 La deuda del Parque Solar Cauchari

En la construcción del parque solar se solicitó un crédito al Eximbank of China que tiene una tasa anual del 3 % y un plazo de 15 años, con un período de gracia de pago del capital de 5 años, o sea, a partir del quinto año al pago de los intereses se le suman los pagos del capital. En valores los intereses equivalen a U$S 5,4 millones anuales (un total de U$S 54 millones) y el capital por año implica cuotas de U$S 33,1 millones.

Además el Estado provincial emitió un "Bono Verde" en Wall Sreet  para completar el financiamiento del parque solar. De esta manera se tomaron U$S 210 millones de deuda a 5 años con una tasa del 8,625 % anual y con vencimientos semestrales. De esta manera, por año se pagan U$S 10,6 millones de intereses.

Si consideramos el cálculo optimista del informe oficial del gobierno se estima un ingreso anual de U$S 50,4 millones por año con el funcionamiento a pleno de la planta de 300 MW y con un impacto de 2800 horas de entrega de MW anuales a CAMESA a un valor de U$S 60 el MWh. Considerando que la devolución anual de intereses asciende a U$S 16 millones y los costos operativos oficiales a U$S 7 millones, arrojaría una ganancia bruta de U$S 27,4 millones anuales, una cifra cercana a la otorgada por el gobernador Morales a través de su cuenta de Twitter donde afirmó que la provincia obtendría 25 millones de dólares anuales por Cauchari.

Con este ingreso de U$S 25 millones anuales se necesitan 22 años para devolver el capital, un período que excede los 20 años de vida útil de los paneles. Por lo tanto, se presentará un primer problema para devolver el crédito, al mismo tiempo que se necesitará renovar el parque de paneles para darle continuidad a la obra. Esta descontado que esta operatoria implicará una nueva deuda para la provincia sumada a la inicial. ¿Quién pagará esta fiesta interminable?.

Mientras se gesta esta nueva hipoteca sobre el pueblo trabajador se continúa un negocio del Estado que no está pensado para otorgar energía barata al pueblo jujeño, sino que se da sobre la base de sostener a EJESA que gracias a los convenios firmados durante las privatizaciones sostiene rentabilidades en dólares, por lo cual, ante la devaluación del peso implica permanentes tarifazos.

Tal vez, Gerardo Morales y sus funcionarios, a esta altura tengan un problema de fiebre electoral –en el mejor de los casos- o una subestimación más que importante del pueblo trabajador sobre el cual han cargado una deuda que van a tener que devolver las futuras generaciones y que en tan solo un casi dos años se quintuplicó.

El Parque tiene una vida útil de 20 años y el problema es que al devolver todo ese crédito el parque en ese tiempo quedo inútil. Después de 20 años

 Una ingeniería financiera de alto riesgo

Pero si observamos los “bonos verdes” vencen en septiembre de 2022 para ese año se deberán abonar U$S 210 millones de dólares, el capital equivalente a la emisión realizada. Sin embargo, aquí se presentará uno de los principales problemas porque si la ganancia bruta es de U$S 25 millones por año, en cinco años el Estado provincial solo contará con U$S 125 millones –un cálculo muy optimista puesto que ya pasó más de un año de la emisión de bonos y Cauchari aún generó un solo dólar-. Se perfila una situación tensa que puede resolverse mediante una nueva emisión de bonos, a tasas seguramente mayores o, en el peor de los casos, con una cesación de pagos (default).

Si se evita este último escenario los años siguientes el Estado provincial deberá abonar los intereses por U$S 16 millones, el costo de U$S 7 millones –anuales- y la devolución del capital del crédito tomado con el Eximbank of China que ascendería a U$S 33,1 millones por año. De esta manera, la suma de intereses, capital y costos operativos, ascendería a U$S 46,1 millones por lo tanto el margen bruto de ganancia se recortaría a tan solo U$S 4,3 millones durante los diez años que llevaría pagar el crédito con China.

Al finalizar estos diez años de pago aún restaría pagar el bono verde de U$S 210 millones, pagando los intereses de este bono (U$S 10,6 millones) y los costos anuales del proyecto, queda un nuevo margen bruto de ganancia de U$S 32 millones con los cuales llevaría 7 años el pago de los bonos. A esa altura estaríamos acercándonos al año 2039, cuando cómo mencionamos arriba se vence la vida útil de los paneles solares. Con este desarrollo financiero no se puede esperar que con Cauchari se puedan hacer maravillas o pagar nuevos créditos como sostiene livianamente el Gobernador de Jujuy.

La única salida: afectar los intereses de los dueños de Jujuy

Por el contrario, la posibilidad de financiar la construcción de escuelas y de obras públicas debería venir de aplicar impuestos a los dueños de las tierras, los grandes terratenientes y productores de tabaco o azúcar, las multinacionales mineras. Sin embargo, en el capitalismo de amigos, a todos ellos les reducen los ingresos brutos, les eximen de pagar aportes patronales o les conceden subsidios millonarios.

Mientras tanto, recortan los presupuestos de educación, salud y obras públicas a partir de cumplir con el acuerdo firmado ante el FMI que transfiere millones de pesos desde todas las provincias al pago de los intereses de los especuladores financieros. Es un buen momento para empezar a darle vuelta todo.