Por Mabel Bianco
Se cumplen ocho días de publicada en el Boletín Oficial la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y comienza a regir en todo el país. ¿Qué significa esto? Que toda persona gestante que este embarazada o crea estar embarazada y no puede o no quiere continuar el embarazo debe ser informada y asesorada en el servicio de salud acerca del derecho que le asiste para concretar esa interrupción. Y si ella decide hacerlo será atendida en una consulta médica donde se constatará el embarazo y la semana del mismo a fin de poder interrumpirlo con medicamentos. A las gestantes hasta la semana 14 deberán prestarle la atención hasta 10 días después de solicitada. Si el embarazo es de más de 14 semanas lo podrá interrumpir si fue producto de una violación o hay riesgo para la salud o la vida de la embarazada. Es muy importante que ante la sospecha de embarazo la consulta sea temprana, ya sea porque desea interrumpirlo o continuarlo. En este caso es importante empezar el control y cuidado tempranamente.
Se acabó la clandestinidad porque ahora se puede concurrir a un servicio de salud público o privado y pedir esta interrupción. No tener que recurrir a los servicios clandestinos, a veces de inadecuada calidad, además de tener que ocultar la mujer y los profesionales lo que hacían. La clandestinidad justificaba el alto precio de la práctica y también la falta de responsabilidad del profesional si había una complicación. Todo esto les generaba a las niñas y mujeres, así como a sus parejas /familias gran ansiedad, temor, padecer abusos y denigraciones que las afectaban psicológicamente. Esto es muy difícil de entenderlo en su real magnitud por quienes no atravesaron esta situación en forma directa o a través de una familiar, amiga o persona próxima. El daño psicológico que la clandestinidad les generaba a las mujeres que se practicaban un aborto era mucho mayor que el que les provoca en la legalidad, donde la culpa y la denigración se eliminan. Si es difícil tomar la decisión de abortar, mucho más lo es hacerlo en ambientes clandestinos, en los cuales las mujeres padecían en soledad todas esas vivencias.
Lo que deben saber AHORA las mujeres, la población y el personal de los servicios de salud es que no se necesita recurrir a la justicia, ni esperar que la ley se apruebe en cada provincia o jurisdicción. Por eso si se lo niegan en un hospital público o les dicen que no tienen Misoprostol, el medicamento que se usa, deben avisar esta falta a la línea telefónica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, porque compro y distribuyo a todo el país. En las obras sociales y privados se lo deben proveer gratuitamente a través del mecanismo que usan para cualquier medicamento, pero sin cargo.
Todo esto debe ser conocido para atender a los problemas que la implementación de la ley puede provocar, pero que debe ser informado para que no se repita. ¡Vigilemos para que se cumpla!
Fuente Telam
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