Jujuy: la violencia patriarcal institucionalizada

Por Ana Cicchitti (*)

La crisis que atraviesa la provincia de Jujuy en materia de violencia por motivos de género es muy grave, y para entenderla hay que tener presente que es el resultado de una gestión que asumió en diciembre del 2015, con una clara impronta neoliberal.

Como parte de la Alianza Cambiemos, el gobernador Gerardo Morales dejó claro desde el primer día de su gestión, que ni las problemáticas sociales, ni  la salud, ni la educación pública serian prioridad en su agenda política. Para la gestión del gobernador radical, fue y sigue siendo una constante el desinterés con las problemáticas sociales y el trabajo continuo para atender intereses puntuales en la provincia, la falta de transparencia en relación a la ejecución del presupuesto, la falta de acceso a información pública, la vulneración constante de derechos de las y los jujeños y la persecución, hostigamiento, criminalización de la protesta.

La crisis sanitaria del Covid 19 evidenció la falta de políticas públicas en materia sanitaria, decisiones desacertadas constantemente por parte del poder ejecutivo que derivaron en un brote masivo de contagios con un sistema sanitario totalmente colapsado, el personal de la salud  en su gran mayoría contagiado por no contar con insumos de bioseguridad, y con la incógnita de saber dónde está el dinero destinado de parte de Nación para afrontar la crisis. Inmersos en una deuda millonaria, la provincia no cuenta con recursos para paliar las graves consecuencias de sus propias decisiones.

Hoy nos encontramos ante el gravísimo escenario de vivir en una sociedad donde la violencia patriarcal está totalmente institucionalizada en el Estado. Jujuy, por la falta de políticas públicas, se convirtió en la capital del femicidio y en la provincia más peligrosa para ser mujer, tal como afirmo la diputada Leila Chaher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género de la legislatura provincial.

Hoy Jujuy debate la elaboración de una ley de emergencia por motivos de género porque no solo las organizaciones feministas, de mujeres y disidencias salieron a reclamar, sino por las puebladas masivas espontaneas que salieron a las calles a exigir “BASTA DE MATARNOS”.

En lo que va de este año se cometieron doce femicidios, dos de los cuales no fueron caratulados como tal.

En Jujuy no hubo muertes, en Jujuy hay femicidios. Por lo tanto, esto implica también que Jujuy es la provincia en la que cada día hay un aumento considerable de los niveles de violencia emocional, física, sexual y económica. Como se dijo anteriormente, las políticas de los gobiernos neoliberales y su consecuente desfinanciación de todos los programas sociales que luchan contra la violencia de género, genera inevitablemente el aumento de casos de violencia y femicidios. Eso sucedió en Jujuy. Este tipo de gobiernos utilizan el eslogan de las problemáticas de género como campaña política para ganar las elecciones y luego todas las promesas de campaña se reducen a acciones ineficientes o nulas.

Jujuy es una provincia conservadora y machista, donde vastos sectores interpelan a la sociedad con discursos discriminatorios, violentos, y patriarcales. En este contexto, resulta importante destacar el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales feministas, de mujeres, disidentes en la provincia que son las que, unidas y organizadas, tejen cotidianamente las redes para dar respuestas a las víctimas de este sistema desigual, opresor y violento.

Septiembre récord

Desde el 2015 a la fecha 42 femicidios se cometieron en la provincia, pero sin dudas, este septiembre récord, jamás será olvidado por la sociedad jujeña: tuvimos cuatro femicidios seguidos con pocos días de diferencia: Cesia, una joven de 20 años de la puna que estuvo diez días desaparecida fue encontrada en un descampado municipal. El principal acusado es un niño de quince años. Hay dos imputados más por encubrimiento, el padre y el abuelastro.

A los pocos días desaparecen Iara y Gabriela, con un día de diferencia. Las familias, vecinos y vecinas aseguran que nunca vieron a la policía rastrillando como corresponde, de manera inmediata e intensa.  Dada la inoperancia de la policía “aparentemente capacitada con la Ley Micaela”, se armó de forma independiente en Palpalá un rastrillaje entre vecinos y vecinas, familiares, y militantes feministas. El primer día no se encontró nada, en el segundo día de rastrillaje hallaron un cuerpo en un descampado que, según las y los vecinos esa zona habría sido rastreada el día anterior.

Frente a esa situación el pueblo palpaleño cortó la ruta, de manera espontánea. Aun no se sabía de quien era el cuerpo, pero rápidamente llego la Infantería y la policía preparada para “ordenar, controlar, silenciar y para despejar la ruta”. Con una actitud represiva, la policía de Morales en vez de buscar a la otra joven desaparecida, ya estaba preparada para reprimir.

Después de confirmarse que el cuerpo era de Iara, de 16 años que estuvo cinco días desaparecida, se realizó una movilización que se replicó en localidades que nunca antes se habían manifestado contra los femicidios, desde La Quiaca hasta Yuto. La movilización duró varias horas y el resultado fue la represión de la policía, donde hubo mujeres y periodistas con heridas de bala de goma.

Sin poder sobreponerse al femicidio de Cesia y de Iara, al día siguiente se cometió otro femicidio, el de Roxana, compañera militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que estuvo en la marcha pidiendo justicia. La información que circuló en los medios es que fue asesinada por su pareja que luego se suicidó. Tenía tres hijos/as pequeños. Tuvimos dos femicidios en dos días.

En los primeros días de octubre desapareció Alejandra, una joven de 17 años, madre de un bebe lactante. En la comisaria seccional 33 de la localidad de Palpalá, según remite la familia, no le tomaron la denuncia porque debían esperar 24 horas. Cabe señalar que la propia policía provincial incumple los protocolos de actuación vigentes en la provincia que instan a tomar las denuncias de manera inmediata, mas aun si se trata de menores de edad, tal como el emitido en el año 2017.

Un gobierno cómplice

Lo grave es que, tras los primeros cuatro femicidios, el gobierno aprobó con mayoría oficialista, la Ley provincial N°6185 sobre desaparición de mujeres, niñas y personas de la diversidad, la cual fue rechazada con más de 500 adhesiones de organizaciones de mujeres, diversidad, disidencias y de derechos humanos a nivel provincial, nacional e internacional, porque se habilita la creación de dos comités y vuelve a ratificar el accionar de la policía ante casos de desapariciones y lejos está de dar respuestas concretas en lo que refiere a la prevención y erradicaron de la violencia patriarcal.

Alejandra fue encontrada al día siguiente cerca de una ruta con claros signos de violencia.

Mientras tanto, el gobernador,  en la cadena provincial del Comité Operativo de Emergencias (COE), y amparado en el discurso de la antipolítica, busca deslegitimar y desprestigiar el reclamo de las organizaciones, cuando en realidad son las voces de las jóvenes y mujeres que hoy nos faltan y de aquellas que se encuentran inmersas en el círculo de la violencia.

Este gobierno jamás escuchó el reclamo del movimiento feminista local, ni tuvo en cuenta la gran marea de mujeres que se movilizan y reclaman medidas de protección y prevención a nivel nacional. Jamás consideró que, si el patriarcado no nos mata, y tenemos la “suerte” de seguir vivas, llevamos las marcas que nos deja en nuestros cuerpos y en nuestras emociones de por vida.

Este gobierno siguió obviándonos pese a que nos abusan, nos acosan en las calles y en la virtualidad, nos violentan, nos violan, nos matan, nos queman, nos descuartizan y nos tiran en descampados en bolsas, nos entierran.

A esto debemos sumar el silencio, el abuso de poder y el encubrimiento que convirtió a esta gestión en cómplice y responsable.

Jujuy es una de las pocas provincias que no tiene ley de cupo, pero sí tiene funcionarios de primera línea con denuncias por abuso sexual, acoso, violencia, y muchos de ellos continúan ejerciendo sus funciones o fueron premiados con contratos en otras dependencias. Y todavía seguimos esperando un pronunciamiento público por parte del consejo provincial de las mujeres, porque desde 2019 contamos con un Consejo Provincial de las Mujeres que preside la ex diputada y funcionaria radical Alejandra Martínez, sin recursos propios y sin un plan estratégico para luchar contra las violencias patriarcales.

Podemos citar el caso del fiscal general Lello Sánchez del Ministerio Público de la Acusación, que tiene denuncias por violencia de género, hostigamiento y persecución laboral. Pese a tales denuncias no solo continúa ejerciendo sus funciones, sino que firmó un convenio de trabajo con Alejandra Martínez, la presidenta del Consejo de las mujeres.

Otro caso fue el del  ex ministro de Trabajo, ya fallecido Cabana Fusz, quien también recibió denuncias por acoso y violencia. Sin embargo, siguió en sus funciones hasta que el movimiento feminista logró que “se corra” por la presión que se ejerció, aunque el resultado fue simplemente una licencia. La organización cada vez más consolidada y sorora del movimiento feminista continúo ejerciendo presión y se logró que sea corrido de su cargo. Poco tiempo después supimos que le hicieron un contrato en el Banco de Desarrollo de la Provincia.

En la misma línea, un familiar de Morales, acusado por su sobrina por abuso sexual infantil, trabajaba en la Secretaria de Relaciones con la Comunidad, encargándose de dar charlas de violencia de género. Cuando el caso tomó conocimiento público, fue apartado de su cargo por la presión que ejercieron las denuncias del movimiento feminista, pero fue contenido con un contrato en otra dependencia

Por último, el caso gravísimo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Baca, acusado de violación. Si esto sucede en el propio Estado, ¿qué les queda a las mujeres de los barrios quienes se encuentran totalmente desprotegidas y en estado de vulneración extrema?

Falta de políticas públicas

La provincia cuenta con vasta normativa vigente y con los protocolos de actuación para prevenir o accionar de manera inmediata en situaciones de violencia por motivos de género, pero la única verdad es la realidad: en Jujuy no hay políticas públicas con perspectiva de género y acciones planificadas de manera integral en clave feminista.  En Jujuy las jóvenes, mujeres y diversidades estamos totalmente desprotegidas.

Tuvimos que perder a cinco mujeres en manos de femicidas y en plena pandemia, para que el pueblo se pronuncie en las calles y exija medidas para que el Estado accione. Por eso es que en Jujuy hay que dejar de hablar de femicidios, que alega un término legal, y hablar de femicidios porque el Estado es responsable, ya sea por inacción, u omisión.

En la última sesión de la legislatura, que no funciona hace seis meses (tampoco sus comisiones de trabajo), y solo lo hace cuando el ejecutivo envía algún proyecto, la presión social y la voluntad política de la presidenta de la Comisión de Género, posibilitó su funcionamiento para recibir a mas de 80 organizaciones feministas, de mujeres, disidentes, sociales, académicas, como así también a familiares de las víctimas de los femicidios cometidos durante este 2020.

Este hecho histórico, que abre las puertas de la legislatura, simboliza la lucha del movimiento feminista y disidente y la necesidad de expresar sus demandas, reclamos, experiencias territoriales y académicas, y así elaborar de manera conjunta la ley de emergencia.

¿Qué hizo el poder ejecutivo? Envió su propio proyecto de ley. No envió propuestas. Avasallan e ingresan a la comisión, que tiene mayoría oficialista, un proyecto que no contempla las propuestas de las organizaciones.

Insistimos antes estos hechos que este es el momento de demostrar que existe la voluntad política de luchar contra esta problemática y que todas las propuestas sean analizadas, incorporando todas aquellas que aporten a la lucha contra la violencia machista. La provincia necesita un plan de emergencia materializado en políticas públicas y acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia en Jujuy.

Necesitamos que el Estado jujeño en todos sus poderes, se transforme y comience a gestionar en clave feminista, trasnversalizando en todas sus áreas, no al patriarcado, sino la perspectiva de los géneros, tal como sucede en el Estado nacional. Necesitamos un Estado presente que nos proteja y garantice nuestros derechos. Un Estado que trabaje con el fin deconstruir paradigmas patriarcales basados en la desigualdad, la opresión, el sexismo, la heterónoma, el abuso de poder y la violencia en todas sus modalidades y ámbitos de expresión.

¿Será posible transformar este Estado neoliberal y patriarcal? ¿Realmente hay interés y voluntad política del oficialismo?

En definitiva, lo que necesitamos es una sociedad más justa, igualitaria, diversa, plural y, sobre todo, libre de violencias machistas. Una sociedad con feminismo, porque SIN FEMINISMO NO HAY JUSTICIA SOCIAL.

El desafío no solo es lograr una ley de emergencia integral y en clave feminista, sino continuar fortaleciendo la militancia feminista y diversa para generar el cambio cultural que Jujuy necesita. Es sumar e invitar a cada joven, mujer y disidencia que salió a reclamar justicia de manera espontánea a reflexionar sus propias prácticas y sentires para no reproducir lógicas patriarcales. Es invitarlas a convertir lo personal en político y construir lógicas colectivas, sororas, unidas y organizadas.

Fuente Kranear.com.ar 

(*) Responsable del Frente de Mujeres, Diversidades y Disidencias de La Cámpora Jujuy