Allá por fines de los 90 la UCR y el PJ arreglaron una elección sin escándalos ni pedidos de “abran las urnas”. Fellner y Morales se repartieron los cargos después de retocar planillas y acordaron una nueva estafa a la credibilidad de la sociedad jujeña. Fue el inicio del fraude bipartidista para Jujuy y así el “peronista” siguió como gobernador.
Desde ahí, hasta pasando por el mismo 2015 donde Fellner hizo muy poco esfuerzo para retener la gobernación, todo fue en acuerdo bipartidista que se coronó con el pase de mando hacia Morales.
En ese año comenzó una escalada de sucesos, tan inéditos como violentos para la “normalidad” provinciana y el stand que político e hizo que todo llegara hasta los medios nacionales, incluyendo el encarcelamiento de opositores y la mismísima candidatura presidencial del gobernador radical.
En el medio, además del feroz endeudamiento de la provincia -que a su vez es directamente proporcional al empobrecimiento de los jujeños- y el control total(itario) sobre las acciones de la justicia; se hicieron explícitas las relaciones carnales entre ambos partidos con miras a las elecciones provinciales de mayo de 2023.
El PJ, esta vez es representado por Rubén Rivarola -que es quien desde los 90 viene incrementando sideralmente su patrimonio con negocios con el estado provincial y los municipios- fue secundado por los Jenefes, Fellner, Moisés, entre otros socios.
El empresario multirubro (medios, salud, bebidas, limpieza, transporte, etc.) no disimuló nunca esa alianza con Morales. Siempre habló de “no poner palos en la rueda del gobierno” y es quien domina el partido justicialista con la billetera o el as de bastos o en el mejor de los casos, como autodesignado portero en la casa de gobierno.
Con la urgente necesidad de lograr un triunfo electoral mayor al 60% para alimentar las alicaídas aspiraciones presidenciales de Gerardo Morales; los operadores del Frente Cambia Jujuy y del Frente Justicialista trazaron conjuntamente estrategias para garantizar la matriz del poder; es decir, el control territorial de la provincia en favor del FCJ ya aliados. Y para eso era necesario un triunfo electoral contundente y a toda costa.
Empezaron por La Quiaca, cuando a fines de marzo y principios de abril lograron convencer al ex rector Rodolfo Tecchi para que hiciera “desaparecer” documentación del candidato Hugo Chavarría, quien es parte del gobierno municipal que conduce Blas Gallardo y que siempre se mostraron como el único municipio opositor al gobierno provincial y a las órdenes del PJ.
Los apoderados legales del frente político de Tecchi, que llevaba a Chavarría y Gallardo como candidatos a intendente y diputado provincial respectivamente, “extraviaron” los papeles para dejar fuera de carrera a su propio candidato en La Quiaca y así dejar allanado el terreno a candidatos manipulables.
Hubieron 100 millones de pesos y razones para la burda maniobra. Cifra confirmada por el entorno del mismo ex rector que de esta forma garantizó el sostén económico de su campaña que finalmente concluyó con un 3% de votos en toda la provincia.
En el mundo político también es un secreto a voces la obstinada intención de Tecchi de asegurarse una banca como legislador nacional (chance que perdió en 2021 en la pulseada peronista con Leila Chaher); lo que también formaría parte del acuerdo que habría realizado para entregar La Quiaca al bipartidismo clásico.
La Quiaca, la llave
Dante Velázquez fue el enviado de Rivarola y Morales para recuperar La Quiaca. La cruzada le costó 30 millones, que fueron invertidos básicamente en un aparato que, sin disimulo, se dedicó a regalar bolsones, promesas de cargos y negocios a un ramillete de punteros.
Velázquez, que ya había sido intendente entre 2011 y 2015, es más recordado por sus fiestas privadas y escándalos que por sus obras de gobierno. Tanto así que La Quiaca en 2015 eligió el “cambio” y permitió el retorno del controvertido y multidenunciado empresario Miguel Tito a la intendencia.
En las semanas previas al 7 de mayo, se vio un gran despliegue de “personal” político importado de la capital como mano de obra para Velázquez y también, al mismo tiempo se vivieron varios hechos de inusitada violencia como ataques a periodistas y a instalaciones profesionales del propio intendente Blas Gallardo. En ese clima enrarecido, La Quiaca eligió.
El juzgado electoral de Jujuy proclamó a Velázquez como ganador por un puñado de votos, después de un triple empate técnico y dejando atrás, por 40 votos, a las aspiraciones de Gustavo Farfán; un inesperado actor que entró en escena también a base de regalos, tablets y festivales donde invirtió un estimado de 50 millones de pesos. “Chavito” Farfán, comerciante mayorista que acrecentó su fortuna en tiempos de la pandemia con el comercio a Bolivia, era un “out sider” de la política y fundó su discurso básico antisistema autodenominándose “independiente”, pero luego fue cooptado por el radicalismo local.
Velázquez finalmente sacó apenas poco más de 2000 votos, o sea que, fuera de juego el candidato oficialista y con todo el aparato mediático y económico del jefe del PJ, obtuvo el apoyo del 20% del electorado quiaqueño.
Es sabido que la frontera tiene un valor simbólico y estratégico desde que es frontera. Por eso tanto Rivarola como Morales se frotaron las manos después del 7M, ya que con la llegada de Velázquez se abre un abanico de oportunidades que en 2019 se truncaron con la derrota de Miguel Tito, el anterior enviado del círculo rojo jujeño a la puna.
También sería lógico pensar, dentro de la lógica mercantil con que los dirigentes jujeños ven la política que, quien invierte 30 o 50 millones en una intendencia, en algún momento pensará en recuperar lo invertido. Si sumamos los 100 millones que costó sacar del medio a Chavarría y financiar la campaña provincial de Tecchi, cae de maduro pensar en que detrás de todo no están solamente las mañas del folklore político, sino algo más grande.
Son casi 200 millones de pesos que el eje UCR/PJ puso en danza para copar la intendencia de La Quiaca.
La ciudad fronteriza, además es la referencia comercial y económica de toda una región que ha visto el crecimiento de proyectos mineros o iniciativas a futuro (como la zona franca) que poco derraman en favor de comisiones, comunidades y municipios de la puna. Para colmo, la legislatura provincial cuenta con una sola legisladora que representa a una región de cinco departamentos y que ha mostrado una labor paupérrima. Alejandra Elías seguirá siendo dos años más como la única diputada puneña, ya que en este 2023 no ingresó ningún legislador que represente a la región. Así de desprovista y desprotegida está la puna jujeña, carente de representatividad y con el terreno fértil para los grandes negocios del poder central de Jujuy.
Es así que, una de las apetencias del gobierno de Morales fue desde siempre, la instalación de la zona franca en La Quiaca y que no prosperó entre 2019-2023 por la oposición de la comunidad aborigen de La Quiaca vieja y por la postura política del gobierno municipal de Gallardo y Chavarría ante el megaproyecto que, dada sus suntuosas características, pondría en riesgo la estructura comercial de la actividad comercial fronteriza.
La frotación de las manos de los jefes de Velázquez, dicen los propios allegados al intendente electo, tiene que ver además con la “reactivación” del aeropuerto de La Quiaca. Una nueva herramienta para fortalecer el transporte en favor de empresas cercanas a los intereses empresariales que invirtieron en las elecciones para llevar al poder a Dante Velázquez.
La llave de la ciudad fronteriza cambió de manos y lo que abre es una caja de pandora que aún no se deja ver del todo, pero desde ya, huele mal.
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